El Procurador del Común está tramitando una actuación de oficio que inició el 5 de agosto de 2020, con relación al comienzo del curso escolar 2020/2021, manteniéndose a la espera del informe que ha solicitado a la Consejería de Educación para adoptar una postura al respecto.
Asimismo, en estos días, se están acumulado grupos de quejas presentadas por los ciudadanos con relación a la misma cuestión, a través de las cuales se viene pidiendo que la actividad educativa se inicie de forma no presencial, el aumento de profesorado para hacer frente a las necesidades que requerirá la actividad docente si los alumnos han de acudir a los centros educativos, la implantación de la jornada continua con carácter generalizado para minimizar más los riesgos de contagio de la COVID-19, o bien, con un carácter más genérico, la concreción de medidas que realmente resulten efectivas para iniciar el curso en los centros educativos con las máximas garantías.
Según el calendario escolar del curso 2020/2021, su inicio tendrá lugar el próximo 9 de septiembre, en el marco de la situación extraordinaria marcada por la pandemia de la COVID-19. Los alarmantes rebrotes de la enfermedad que están surgiendo cada día en este mes de agosto, así como que los centros educativos son espacios cerrados en los que se concentrará un elevado número de personas durante un considerable número de horas, obligan a poner la máxima atención en las medidas que deben ser adoptadas, para que se pueda iniciar la actividad lectiva el próximo mes de septiembre.
La Consejería de Educación cuenta con un Protocolo de prevención y organización del regreso a la actividad lectiva en los centros de Castilla y León para el curso 2020/2021, no obstante, desde diversos ámbitos (familias, profesorado, sindicatos, etc.), se está cuestionando las posibilidades de iniciar de forma segura el curso escolar, planteándose todo tipo de incertidumbres en consideración al contenido del Protocolo.
La necesidad de que se dote a los centros educativos de profesorado de refuerzo y de personal de limpieza suficiente, las excesivas ratios de alumnos establecidas para espacios cerrados (aulas, comedores, baños, patios, medios de transporte, etc.), las dificultades en muchos casos para ampliar los espacios destinados a aulas que permitan asegurar las distancias, la máxima implicación y responsabilidad del profesorado en tareas que no son las propiamente docentes, la seguridad de las personas especialmente vulnerables que convivan o que puedan estar en contacto con los alumnos y el resto de los miembros de la comunidad educativa, la escasa madurez y autonomía de los niños más pequeños en cuanto a las medidas higiénico-sanitarias que han de ser adoptadas, las medidas que habrían de ser tomadas en el caso de que se detecte un posible caso de afectado por la enfermedad en un centro educativo, etc., son motivo de una razonable preocupación.
Con todo, lo cierto es que el establecimiento de la actividad educativa presencial en los términos que por el momento prevé la Administración, plantea la necesidad de revisar todas las medidas dispuestas al efecto para garantizar la máxima seguridad de la población en general.
La actuación de oficio del Procurador del Común, a la espera del informe que ha solicitado a la Consejería de Educación, así como de la evolución de los acontecimientos y de las medidas que están siendo revisadas por las Administraciones implicadas, concluirá con la correspondiente resolución.
