El Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León exigió hoy a la Junta que “cumpla lo firmado” y saque la convocatoria extraordinaria de becas de ocho millones de euros para beneficiar a los alumnos de Bachillerato, Formación Profesional y enseñanzas especiales y Universidad. “Son medidas justas que además están firmadas por Alfonso Fernández Mañueco y Raúl De la Hoz en junio de 2020”, aseveró hoy el portavoz de Educación y del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Fernando Pablos.
Una exigencia que el PSOE llevará al Parlamento autonómico a través de una iniciativa parlamentaria, ya que esta convocatoria de becas estaba recogida en el Pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social que firmaron las fuerzas políticas para la reconstrucción económica y social con motivo de la pandemia del COVID.
La convocatoria, según los socialistas, deberá recoger el incremento de la cuantía de la ayuda de las becas universitarias para las familias con menos recursos, que pasará de 350 a 700 euros. En el ámbito de Bachillerato, FP y las enseñanzas especiales (estudios artísticos), el importe de la beca se incrementará un 50 por ciento para que pase de la horquilla actual de entre 200 y 250 euros a 300 para la cuantía mínima y 675 euros para la máxima. También se demanda una ayuda a residencia para que aumente 400 euros, hasta los 2.000 euros por beneficiario.
Pablos subrayó que la Consejería de Educación llega al inicio del próximo curso escolar sin los “deberes hechos” ya que tanto su titular Rocío Lucas como el presidente de la Junta están instalados en la “autocomplacencia” y la “inercia”. Citó que la administración autonómica, a falta de dos semanas para el inicio del curso, aún no ha determinado el protocolo de los colegios frente al COVID y si se van a mantener la medidas del curso pasado, con el refuerzo de los servicios de limpieza que corren a cargo de los ayuntamientos. En todo caso, sentenció que esos gastos extraordinarios corresponden a la Junta después de dejar “solos” a los ayuntamientos de “todos los colores”.
El procurador socialista también mencionó, según recogió la Agencia Ical, “otro deber” incumplido es la conciliación, después de que las Cortes aprobaron que la Junta se hiciera cargo de programas de conciliación propios que permitiesen cubrir la jornada reducida de septiembre y junio. “La salida de los niños a la una genera problemas para muchas familias y la Junta no da soluciones, por lo que es una circunstancia más de desigualdad cuando ambos padres trabajan y no pueden organizarse”, precisó.
35 horas y carrera profesional
Por su parte, el viceportavoz de Educación, Jesús Guerrero, criticó el “olvido” de la Consejería con los docentes, los alumnos y las familias. Especialmente, lamentó los “gravísimos” problemas que afectan a los profesores y los maestros, de forma sistemática, cada curso escolar. En este sentido, significó que, por cuarto año consecutivo, Mañueco incumplirá un acuerdo firmado por el que a partir del 1 de septiembre del curso 2019-2020 se iban a aplicar las 35 horas en el ámbito docente. “No se ha vuelto a saber nada más de eso”, afirmó, al igual que el acuerdo del Pleno para que estos profesionales pudieran compaginar su carrera profesional con los sexenios y así no discriminar a los docentes frente al resto de empleados públicos.
Guerrero se refirió a las altas tasas de interinidad que en el caso de Castilla y León se suma la precariedad, al “abusa” de los contratos parciales, sin olvidar que los docentes son los peores pagados del conjunto de las comunidades autónomas.
En cuanto a la aplicación de la LomLOE, el procurador recordó que las administraciones tienen la obligación de cumplir las leyes aunque la Junta hace “todo lo posible” para boicotearla, retrasarla o, incluso, incumplirla. Criticó que la Consejería aún no ha publicado los decretos que regulan los currículos de las diferentes etapas educativas, lo que provocará problemas “muy graves” para la producción de libros de texto pero también para los profesores que tendrán que trabajar sin este material. Añadió que en Castilla y León no se podrá estudiar el Bachillerato General, a diferencia de otros territorios, y que el decreto de admisión no corrige la segregación escolar.
Por último, Jesús Guerrero cargó contra la Junta por no creer en el primer ciclo de la Educación Infantil y ha tenido que esperar a que el Gobierno de España haya destinado fondos para la universalización de esta etapa. Señaló que el retraso a la hora de publicar el calendario y el horario que tendrán estos centros obligará a que los ayuntamientos y sus responsables dispongan de solo una semana para contratar al personal necesario y organizar sus procesos.
Además, mencionó que cada curso hay 5.000 alumnos de Formación Profesional que no pueden matricularse en el ciclo elegido por la "insuficiente" oferta pública de plazas y otro incumplimiento del Pleno de las Cortes para crear una ley de gratuidad de libros de textos, ya que el programa Releo “solo” llega al 50 por ciento de las familias.
