El año 2023 dio un paso de gigante para que Castilla y León cuente con un nuevo modelo de atención residencial, después de que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobara en agosto el proyecto de la Ley Reguladora del Modelo de Atención en los Centros de Carácter Residencial y Centros de Día de Servicios Sociales para Cuidados de Larga Duración en Castilla y León, que es el paso previo para someterlo a la mayoría de las Cortes entre febrero y marzo próximos. Un texto normativo que generaliza el modelo de atención centrada en la persona tanto en centros propios como externos, y establece las condiciones básicas materiales y espaciales de todas las residencias, que deberán adaptarse a las unidades de convivencia, además de blindar la calidad en la atención a las personas mayores con una constante evaluación, sin olvidar la eliminación de las sujeciones, tanto físicas como químicas, con el objetivo de dignificar los cuidados.
La relevancia de la ley se entiende al afectar a las 72.634 plazas que existen en Castilla y León en los centros residenciales y de atención diurna para la atención a mayores (54.600 plazas, distribuidas en 1.144 centros) y personas con discapacidad (18.034 plazas en 835 centros).
La norma coloca el foco de los cuidados en los usuarios, trasladándoles todo el protagonismo en cuanto a preferencias vitales y transformando todas las residencias (públicas y concertadas) en lugares asimilables a sus propios hogares.
Una vez que entre en vigor, los aspectos arquitectónicos recogidos en el texto serán de “obligado cumplimiento” para todos los nuevos centros que se proyecten. El resto de centros tendrán que ir adaptándose a esos requisitos antes de 2029, siempre y cuando sea posible ya que habrá centros en Castilla y León que, por su propia tipología, no podrán realizar estas obras. En estos casos, será necesario elaborar un informe de excepcionalidad para justificar esta imposibilidad.
La futura ley aborda las características básicas espaciales y materiales que deben reunir todos los centros, orientadas a una configuración basada en unidades de convivencia (como se viene realizando en las residencias públicas de la Junta de Castilla y León desde hace años), con el doble objetivo de extender el modelo de atención centrada en la persona y también aplicar las enseñanzas que dejó la pandemia de cara a la propagación de enfermedades.
De este modo, los usuarios conviven en entornos más pequeños (de hasta 16 personas) y en unas instalaciones que emulan su propio hogar, para garantizar, de manera combinada, la autonomía, la seguridad, la confortabilidad y la calidad en la atención. En concreto, el proyecto de ley organiza los centros en tres áreas definidas: la zona de unidades de convivencia, la de espacios comunes y la de servicios generales.
Además, la Junta incrementó las cuantías mínimas, tanto de la prestación de cuidados en el entorno familiar, como las de la prestación vinculada al servicio y de asistencia personal, a unas 32.000 personas dependientes que llegan hasta los 100 euros en grado I, a 150 euros en el grado II y a 200 euros en grado III. También, aumentaron las cuantías máximas de la prestación de cuidados en el entorno familiar un promedio del cinco por ciento, pasando de los 432 euros hasta los 455,4 euros en el grado III; de 300 a 315,9 euros, en el grado II; y de 170 a 180 euros en el grado I.
Otro avance ocurrido en 2023 fue la adjudicación en un contrato único a nivel autonómico de la teleasistencia, para garantizar el acceso de todos los usuarios de la Comunidad en condiciones igualitarias y mejorar la calidad de la atención a los más de 42.000 usuarios. Además, se aprovechó para implantar y extender la teleasistencia avanzada.
Castilla y León fue la primera comunidad en dar la oportunidad al Tercer Sector de que presentara proyectos para optar a los fondos europeos, al reservar la Junta un diez por ciento de las partidas destinadas al ámbito social. En total, 15,7 de los 150,7 millones del presupuesto dirigido a los Servicios Sociales, sobre todo relacionados con innovación tecnológica. De esta manera, de los 166 que se llevan a cabo en la Comunidad, las entidades de este ámbito participan en 48 sufragados.
Otra de las novedades que puso en marcha la Consejería de Familia este año fue el ‘Bono Concilia’, una prestación económica de 750 euros por hijo menor de 3 años para hacer frente a los gastos en servicios de conciliación que hayan tenido que contratar los padres por razones laborales. Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, se alcanzaron 14.341, las cuales se tradujeron en los 13.300 bonos concedidos. Todo ello, gracias a destinar a este recurso de ayuda a la conciliación de las familias 11 millones de euros, un millón más que el año pasado.
Otro cheque, el ‘Bono Nacimiento’ llegó a más de 5.000 padres, con ayudas entre los 500 y los 2.500 euros para las familias que hayan tenido un hijo desde el 1 de enero y cumplan las condiciones fijadas, como la pedirlo en los tres meses posterior al alumbramiento o la fecha de la adopción.
Violencia machista
Otro de los debates que continuaron fue el de la lucha contra la violencia contra las mujeres. En este sentido, la Junta dejó claro su “compromiso” en la materia, algo que destacó se demuestra con el incremento de las plazas en las casas de acogida para las mujeres víctimas de violencia de género, además de aumentar su financiación.
En cuanto al proyecto de Ley de Violencia Intrafamiliar -contemplado en el acuerdo de Gobierno entre el PP y Vox-, continúa su tramitación, después de haber recibido las alegaciones en información pública, aunque aún no hay plazos para su aprobación.
La Ley de Infancia también continúa su tramitación, que protegerá y defenderá a los 32.000 menores de edad de la Comunidad pero que, además, apuesta por el impulso de los acogimientos familiares. No en vano, el texto articulará un procedimiento más garantista y, a la vez, simplificado, que protege los derechos de los acogedores y de los menores durante el proceso.
Además, se incentivará la adopción en el caso de los mayores de 10 años, de aquellos que presentan alguna discapacidad, tienen especiales dificultades o perfiles más complejos, pero también la integración familiar conjunta de menores que sean hermanos a través de incentivos económicos y otros beneficios.
Acogida de inmigrantes
Castilla y León acogió a finales de octubre a 395 inmigrantes procedentes del Canarias bajo la tutela de la ONG Accen, organización que ya ha colaborado en otras crisis migratorias. El mayor número llegó al balneario de Medina del Campo (Valladolid) -hotel Las Salinas-, que acogió a 250 personas. Además, Accen repartió a otros 145 desplazados entre Valladolid, donde han llegado 25, el mismo número que en Ávila, Burgos y Segovia, mientras que 23 han llegado a Salamanca y otros 22 a León.
La en ese momento delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, apuntó que no se preveía la llegada de más inmigrantes a la Comunidad, procedentes de Canarias, aunque todo dependería de la evolución de la crisis migratoria. En todo caso, resaltó la capacidad de la Comunidad para acoger a desplazados es mayor, dado que durante la Guerra de Ucrania entre Accen y Cruz Roja atendieron a 2.000 personas.
Este episodio provocó numerosas críticas por parte de consejeros de la Junta y de algunos alcaldes, que se quejaron de la falta de información por parte de representantes del Gobierno de la Nación, hasta el punto que se le acusó de “deslealtad” con la Comunidad.
En el ámbito puramente administrativo, la jubilación del hasta ahora secretario general de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, Jesús Fuertes, provocó un cambio en el organigrama. No en vano, la hasta ahora directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad, Esperanza Vázquez, fue designada como gerente regional de Servicios Sociales. Sustituye en el cargo a Carlos Raúl de Pablos que es el nuevo secretario general de la Consejería.
