La Ley del Estatuto de los Altos Cargos de Castilla y León proclama como valores que han de conducir la actuación de los altos cargos la objetividad, transparencia, ejemplaridad y austeridad, a la vez que moderniza la regulación existente, consolida el proceso de regeneración democrática e incrementa la transparencia en todas aquellas cuestiones que forman parte de la condición y del ejercicio de las funciones del alto cargo.
También incorpora medidas de seguridad jurídica y garantías de su cumplimiento, como la existencia de un régimen sancionador explícito y de un órgano colegiado con competencias sancionadoras y de control. Este órgano es la Comisión de Ética Pública, que se ha constituido esta mañana. Tal y como recoge el Estatuto de los Altos Cargos, ha quedado compuesta por el titular de la consejería a la que está adscrita la Inspección General de Servicios, en este caso, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, que la preside; por el titular del centro directivo que tenga atribuidas dichas funciones, es decir, la viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, Marta López; por el titular del centro directivo que tiene atribuidas las funciones de secretariado de la Junta de Castilla y León, en esta ocasión, José Manuel Herrero, secretario general de la Presidencia; por tres expertos designados por la Junta entre catedráticos y profesores universitarios del ámbito del derecho y, como secretaria, por una funcionaria designada por la viceconsejera de Función Pública.
Los expertos que constituyen esta Comisión son Elena Vicente, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Burgos, Miguel Díaz y García-Conlledo, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de León y Pedro Tomás Nevado-Batalla, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, según el acuerdo de la Junta de 31 de agosto de este año.
Funciones
Entre las funciones de la Comisión de Ética Pública se encuentra elaborar la propuesta del Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos, punto que no supone una completa novedad, ya que la Junta elaboró un primer Código de Austeridad en 2011 y, posteriormente, en 2015, se aprobó un nuevo Código mucho más completo, que está actualmente vigente. En la reunión de la Comisión de Ética Pública celebrada hoy se ha trasladado el texto del Código Ético y de Austeridad en vigencia a los integrantes procedentes de la Universidad y, en el caso de que consideren necesario hacer alguna modificación antes de la siguiente legislatura, la expondrán en una próxima reunión.
Otras funciones de la Comisión constituida esta mañana son resolver las consultas que se planteen sobre la aplicación del Código, plantear recomendaciones a los altos cargos, realizar un informe anual sobre el cumplimento del Código, así como incoar y resolver los procedimientos sancionadores que se tramiten por posibles infracciones administrativas.
Los miembros de la recién constituida Comisión de Ética Pública han acordado volver a reunirse en los primeros meses de 2018 para poner en común las aportaciones sobre la posible modificación del actual Código de Austeridad.
