Efectivos del Seprona de la Guardia Civil de Burgos inspeccionaron dos mataderos e investigaron a siete tratantes de ganado por presunta comercialización irregular de 30 caballos para carne. Así, investigaron a siete personas como presuntos autores de los delitos de estafa y falsedad documental, por su participación en la comercialización irregular de estos caballos destinados a carne para el consumo humano, según informaron hoy fuentes del instituto armado.
Los hechos fueron investigados entre los pasados meses de marzo y mayo, a raíz de la inspección llevada a cabo por el Seprona a mataderos ubicados en territorio burgalés, para prevenir y erradicar el comercio ilícito de carne equina no apta para el consumo humano y su introducción en la cadena alimentaria, mediante la falsificación documental.
Fruto de la información facilitada por los Servicios Veterinarios Oficiales de la Junta de Castilla y León asignados a las empresas, en relación a casos ‘extraños’ relacionados con el sacrificio de ganado caballar, llamaba la atención varios episodios detectados en dos complejos cárnicos de la capital y provincia.
Se hallaron llamativas irregularidades en la documentación que acompañaba a ejemplares de equinos destinados al sacrificio, procedentes de tratantes de las provincias de A Coruña, Badajoz, Cantabria, Huelva, La Rioja, Lugo y Burgos, que sacrificaban aquí sus animales. Casos como la discordancia en la edad de los animales presentados –adultos de diez años pretendían suplantar a potros de un año-, reseñas físicas que en nada se parecían al ejemplar presentado, caballos con dos microchips implantados y fehacientes manipulaciones en los pasaportes.
En total, fueron detectados 30 ejemplares cuyas canales fueron decomisadas, retiradas de la cadena alimentaria y destinadas finalmente para su tratamiento como SANDACH (subproductos de origen animal no destinado a consumo humano). No obstante, precisaron que nueve de ellos fueron identificados como ‘no aptos’ para el consumo humano, según las bases de datos. Localizados los presuntos autores en estas provincias fueron investigados, instruyéndose diligencias que fueron presentadas en los Juzgados y Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de Burgos.
