La Consejería de Empleo, a través del Servicio Público de Empleo, ha convocado subvenciones por valor de 1,2 millones de euros para la contratación de jóvenes trabajadores desempleados, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, por entidades sin ánimo de lucro de Castilla y León para realizar obras y servicios de interés general y social. Esta inversión, dentro del Plan Anual de Políticas de Empleo para 2019, permitirá la contratación durante al menos 180 días de 160 jóvenes.
Así, el objetivo de esta convocatoria es impulsar medidas dirigidas a reducir el desempleo juvenil y que los jóvenes adquieran una experiencia laboral que les facilite su incorporación efectiva al mercado de trabajo.
Para ello, se conceden subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para ejecutar, hasta el 31 de marzo de 2020.Un proyecto de interés general y social a través de la contratación de jóvenes en paro que no participen en actividades de educación ni formación con independencia de su nivel de formativo. Los candidatos deberán estar identificados en la base de datos del fichero del Sistema de Garantía Juvenil en España.
De esta manera, se establece una jornada mínima de trabajo de los trabajadores contratados del 75 % de la jornada ordinaria en la entidad o sector, y un importe de subvención de 7.500 euros por cada contrato que deberá tener una duración de, al menos, seis meses.
Por lo tanto, esta línea de subvenciones contribuye a mejorar la empleabilidad del colectivo de jóvenes, uno de los definidos como prioritarios por la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020. De esta manera se trata de impulsar a trabajadores desempleados inscritos en las oficinas del Ecyl como demandantes de empleo que pertenezcan a colectivos de menores de 35 años, preferentemente sin cualificación; mayores de 45 años, especialmente quienes carezcan de prestaciones y presenten cargas familiares; desempleados de larga duración con especial atención a quienes hayan agotado prestaciones; y personas en riesgo de exclusión social.
