Los profesionales de los Servicios Sociales en España, a través de la Asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales, han hecho público este miércoles el Índice DEC 2017, el estudio que mide el desarrollo de los Servicios Sociales de las diferentes comunidades españolas. Las siglas DEC hacen referencia a los tres grandes aspectos que se valoran: Derechos y decisión política, relevancia Económica y Cobertura. Se trata de un informe que existe desde 2012, que desde su inicio hasta 2015 era anual y que ahora se publica cada dos años.
Según el Índice DEC 2017 de desarrollo de los Servicios Sociales en España, Castilla y León ha conseguido seguir mejorando aún más el desarrollo de su Sistema de Servicios Sociales en los últimos dos años, consolidándose como uno de los mejores sistemas de Servicios Sociales de España y el mejor de las comunidades no forales. En este sentido, el Índice DEC 2017 otorga a Castilla y León 7,50 puntos frente a los 6,70 de 2015, lo que supone superar en ocho décimas los datos de hace dos años. En la serie histórica de este Índice, Castilla y León obtuvo 6,90 en el de 2012, 6,65 en 2013 y en 2014, 6,70 en 2015 y 7,50 en 2017.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha señalado que estos datos ponen de manifiesto que Castilla y León obtienen la mejor puntuación de toda la serie histórica del Índice DEC, lo que significa que se ha conseguido mejorar aún más en los dos últimos años los Servicios Sociales de la Comunidad.
García ha incidido en que, según señala el Índice DEC 2017, Castilla y León es la comunidad autónoma española de régimen común con mejor puntuación a nivel nacional en el desarrollo de su Sistema de Servicios Sociales, tan solo es superada en 25 centésimas por una comunidad foral como es el País Vasco, que obtiene 7,75 puntos. De hecho, Castilla y León logra superar por primera vez a otra de las comunidades de régimen foral como Navarra.
Castilla y León no es solamente la comunidad autónoma española de régimen común que obtiene la mejor puntuación y calificación en el desarrollo de los Servicios Sociales en España sino que, además, está muy por delante de las comunidades pluriprovinciales, ya que la siguiente es Castilla la Mancha con 5,40 puntos, más de dos puntos por debajo. Para poner en perspectiva la puntuación de Castilla y León hay que considerar que en el informe de 2017 hay siete comunidades que no llegan a los 5 puntos y otras 6 que superan el 5 por unas centésimas.
Las puntuaciones de las distintas comunidades autónomas quedan de la siguiente manera: País Vasco, 7,75; Castilla y León, 7,50; Navarra, 7,40; La Rioja, 6,45; Aragón, 5,20; Asturias, 5,35; Castilla La Mancha, 5,40; Cataluña, 5,20; Extremadura, 5,15; Andalucía, 5,25; Cantabria, 4,60; Baleares, 4,60; Galicia, 4,15; Comunidad de Madrid, 3,50; Murcia, 3,50; Canarias, 3,30 y Comunidad Valenciana, 2,05 puntos.
Una comunidad con un Sistema de Servicios Sociales equilibrado
Otro de los aspectos que pone de manifiesto el Índice DEC a la hora de valorar los Servicios Sociales en Castilla y León es su equilibrio. En este sentido, el estudio señala que “Castilla y León sigue mostrando un Sistema equilibrado en sus tres dimensiones (Derechos, Economía y Cobertura) y ofrece una de las mejores ratios en España entre cobertura y gasto, es decir, una gran eficiencia del Sistema, que sin duda alguna se debe a la dinámica de colaboración y al protagonismo que tienen las entidades locales en la gestión de las prestaciones y servicios, así como a decisiones estratégicas como fue la adecuada integración de la Atención a la Dependencia en los Servicios Sociales.
“De la misma manera, el Sistema de Servicios Sociales de Castilla y León muestra una relación equilibrada entre los derechos que reconoce en su Ley de nueva generación y en el Catálogo que los concreta, y su entrega efectiva de prestaciones y servicios”.
Análisis de los tres parámetros: Derechos, Economía y Cobertura
En materia de enunciado de derechos y decisión política (D), el Índice DEC 2017 señala que “Castilla y León destaca por contar con todos los elementos legislativos, normativos, planificadores y de organización que le permiten situarse en el nivel más alto de la calificación, alcanzando la Excelencia en este apartado, solo a falta de los 0,05 puntos simbólicos que se otorga a que la consejería lleve el nombre de ‘servicios sociales’. Su más reciente logro en esta materia ha sido la aprobación de su Plan Estratégico, con memoria económica, que era el elemento que le faltaba en este apartado y por el que penalizó en la anterior aplicación”. La puntuación de Castilla y León en el apartado de Derechos es de 1,45 puntos sobre 1,50 posibles y la media nacional se queda en los 0,87 puntos.
Respecto al segundo de los parámetros, el de la relevancia económica (E), el Índice DEC señala que “los Servicios Sociales en Castilla y León se sitúan por encima de la media estatal en los tres indicadores contemplados, prácticamente todos mejoran respecto a la anterior aplicación”. La puntuación de la Comunidad es de 2,2 sobre 3 puntos y la media nacional se queda en los 1,82 puntos.
Para evaluarlo, se contabiliza conjuntamente tanto el gasto de las comunidades autónomas como el de las corporaciones locales en tres apartados: el gasto por habitante y año, 388,65 euros en 2016 Castilla y León, por encima de la media estatal, que fue de 339,69 euros; en segundo lugar, el porcentaje que supone la inversión de las administraciones públicas en servicios sociales sobre el PIB regional, 1,72 % en 2016, por encima de la media estatal, que fue del 1,42 %; y, en tercer lugar, el porcentaje que supone la inversión de las administraciones públicas en servicios sociales sobre su presupuesto total, 10,77 % en 2016 en Castilla y León frente a le media estatal que se situó en el 8,91 %.
En este parámetro económico, Alicia García se ha referido a que, a pesar de que Castilla y León ha mejorado los datos con respecto al anterior informe y a estar por encima de la media española en todas estas variables, el Índice señala que “Castilla y León no llega a alcanzar la excelencia en este segundo apartado por una décima, al no lograr la puntuación de 1,1 puntos en gasto por habitante, 390,64 euros, que es el límite de dicha puntuación para obtener esta calificación”. En este sentido, García también ha destacado el hecho significativo de que, mientras que en 2016 en Castilla y León se han superado las cantidades por habitante destinadas a Servicios Sociales de 2011, en el conjunto de España aún no.
Por último, respecto a la cobertura efectiva de prestaciones y servicios (C), Castilla y León se encuentra por encima de la media estatal en casi todos los indicadores contemplados, alcanzando la excelencia en este apartado. El informe señala que “Castilla y León presenta una tasa de personas con derecho y pendientes de serles reconocida la prestación del 1,4 %, frente al 26,2 % de media estatal, con lo que se puede considerar que técnicamente en Castilla y León no existe Limbo de la Dependencia”.
Otros indicadores de cobertura en los que destaca Castilla y León según el Índice DEC son las plazas residenciales de financiación pública para personas mayores de 65 años, con una cobertura del 5,26 %, el doble que la media estatal, que es del 2,46%; plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, con una tasa del 28,1 % respecto al número de mujeres con órdenes de protección en esta Comunidad, lo que duplica, así mismo, la media estatal, que es del 14,7 % y, también en Rentas Mínimas de Inserción, Castilla y León se sitúa por encima de la media estatal de cobertura, beneficiando al 9,6 % de las personas bajo el umbral de la pobreza en esta Comunidad, frente al 8,7% de media estatal. Destaca la trayectoria de incremento continuado de la cobertura de estas rentas mínimas en Castilla y León.
Objetivo: seguir mejorando
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha referido a que Castilla y León trabaja cada día en el objetivo de seguir mejorando los Servicios Sociales de la Comunidad y que, en ese sentido, valora y agradece las recomendaciones que también realiza el Índice DEC porque ayudan en ese camino de mejora.
De esta forma, el informe concluye en este apartado de recomendaciones reconociendo, un año más, el importante nivel de desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales en Castilla y León, por lo que la recomendación general es que la Comunidad mantenga tanto las tendencias crecientes en inversión y cobertura como los mecanismos de definición y ordenación eficiente del Sistema.
Junto a esto, el informe recomienda un mayor desarrollo del Servicio de teleasistencia. García se ha referido a que es cierto que esta prestación tiene que tener más cobertura en la Comunidad y que se pretende impulsar en los próximos años. Ha asegurado que la teleasistencia está siendo un tema de análisis en la mesa del diálogo social y que próximamente se harán una serie de propuestas a las corporaciones locales para su impulso como titulares de este servicio. Al mismo tiempo, se ha previsto en los presupuestos de 2018 un aumento del 21 % en la financiación en esta materia y también se va a regular la teleasistencia avanzada y el desarrollo de una plataforma de teleatención de carácter sociosanitaria que supondrá un gran avance en el uso de sistemas modernos de asistencia.
Además, el DEC anima a mantener la dinámica colaborativa de las administraciones públicas en Castilla y León y del protagonismo de las entidades locales, ya que considera que es una de las claves de la eficiencia y de los equilibrios constatados en el desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales en esta Comunidad. García se ha referido a que esta conclusión es compartida y va en la dirección de las últimas decisiones adoptadas por la Junta de Castilla y León en colaboración con las corporaciones locales, como la aprobación de un nuevo Acuerdo Marco de colaboración de 316 millones de euros que la Junta transferirá durante tres años a las corporaciones locales con un incremento de más del 8 % con respecto al anterior y un año más de vigencia.
Al mismo tiempo, el DEC hace también una llamada a algunos ayuntamientos de la Comunidad que presentan menos gasto en materia de servicios sociales, para que asuman un mayor compromiso en sus propios presupuestos para no generar una excesiva dependencia de las transferencias finalistas que reciben de la Junta.
Alicia García se ha referido a que, con carácter más general, el informe concluye recomendando a Castilla y León, tanto al Gobierno autonómico como a las entidades locales, que consideren una prioridad de carácter estratégico los servicios domiciliarios que permitan a las personas mayores o con diversidad funcional permanecer en sus domicilios, de manera especial en zonas rurales despobladas, aspecto que comparte y en el que se está trabajando en la Comunidad.
