Alicia García, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha presidido la reunión de la Sección de Atención y Protección a la Infancia del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, el órgano de asesoramiento y participación en materia de protección a la infancia en el que están representados todos los agentes implicados en el desarrollo y aplicación de las políticas de infancia en la Comunidad. Forman parte de él corporaciones locales, administración de justicia, organizaciones representativas de intereses sociales, entidades colaboradoras en materia de atención y protección a la infancia como Cruz Roja, Cáritas y UNICEF, el Consejo de la Juventud, asociaciones de padres y madres de alumnos de centros de enseñanza no universitarios, las organizaciones sindicales más representativas y la Confederación de Organizaciones Empresariales, además de representantes de los distintos departamentos de la Junta de Castilla y León de ámbitos con competencias que afectan a menores como servicios sociales, educación, sanidad, mujer, juventud, drogodependencias, empleo, consumo o deportes.
García ha recordado que “uno de los compromisos asumidos el pasado mes de septiembre en el último Consejo de Infancia celebrado fue reforzar, en el ámbito de las competencias de la Junta, el sistema de protección a la infancia, especialmente en aspectos como la detección y notificación de posibles casos de maltrato y en la coordinación de todas las administraciones y agentes implicados”. Como apoyo de estas actuaciones se creó un grupo formado por varios profesionales expertos a los que se pidió que analizaran las distintas fases del sistema de protección.
Además, ha agradecido el trabajo de este grupo de expertos que, de forma global, “ha valorado positivamente el sistema y ha aportado propuestas y recomendaciones para reforzarlo”. La consejera ha destacado que estas medidas propuestas por el grupo de expertos coinciden, en buena parte, con las que estaba desarrollando la Consejería y derivan en una serie de actuaciones que la Junta ya ha puesto en funcionamiento para reforzar el sistema de protección a la infancia. Estas acciones, distribuidas en cuatro bloques, sensibilizan y facilitan la detección y notificación de posibles casos de desprotección infantil; posibilitan que cualquier ciudadano que sospeche de un posible caso de maltrato infantil cuente con medios a su disposición para dar aviso de ello; refuerzan los protocolos de detección y derivación de casos entre los agentes del sistema de protección a la infancia y la formación de los profesionales.
Dentro de la prevención como prioridad, Alicia García ha subrayado el objetivo de apoyar a las familias para que los menores puedan seguir viviendo con ellas, para lo que se cuenta con el ‘Programa de Intervención Familiar’, integrado en la Red de Protección a las familias, que permitió atender a 7.560 menores evitando que tuvieran que abandonar sus hogares. Además, el programa ha incrementado su presupuesto para el periodo 2017-2019 un 7,6 % para alcanzar los 17,5 millones de euros, a través del Acuerdo Marco.En los casos de desprotección más severos, la Junta de Castilla y León abre expediente de protección y, en 2017, fueron 1.959 los menores que se encontraron en esta situación, de los que 1.488 estuvieron tutelados por el gobierno autonómico.
También ha asegurado que, “al hablar de desprotección, tanto la detección como la notificación son aspectos trascendentales para determinar las actuaciones, su intensidad y su forma”. Los Servicios de Protección a la Infancia de la Junta de Castilla y León recibieron, en 2017, un total de 1.478 notificaciones. 821 de estas notificaciones generaron investigaciones por corresponder a posibles casos de desprotección y el resto no eran casos de desprotección sino otras necesidades atendidas a través de otros recursos. Respecto al origen de estas notificaciones, el mayor número procedió de corporaciones locales, en casi un 30 %; del Ministerio Fiscal, en casi un 20 %, seguido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en más de un 17 % de los casos; del Sistema Sanitario, en un 7 %, de resoluciones judiciales un 5,7 %, de vecinos, familiares y de los propios menores en un 3,4 %, y del Sistema Educativo, en un 2,6 %. En lo relativo a las causas de desprotección que motivaron la apertura de expedientes de protección, destaca la negligencia física -falta de atención de las necesidades básicas del niño como alimentación, vestido o higiene- en un 26,6 % de los casos; seguida de la negligencia psíquica -falta persistente de respuesta a las señales, emociones y conductas efectuadas por el niño- en un 20 %; el modelo inadecuado por parte de los padres, en casi un 11 %, maltrato físico, en un 7,4 %, y el imposible cumplimiento de las obligaciones parentales -por enfermedad, incapacidad, ingreso en prisión, etc.- en algo más de un 7 % de los casos.
Por último, en los casos en los que los menores se ven obligados a separarse de sus padres la Consejería promueve el acogimiento familiar, especialmente en los menores de tres años. A 31 de diciembre de 2017, los menores de tres años en acogimiento residencial eran 14, mientras otros 140 estaban con una familia. Respecto a las adopciones, en 2017, se entregaron en guarda con fines adoptivos 34 niños y 27 niños llegaron de otros países.
