Los consejeros de Medio Ambiente de Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León -que albergan la gran mayoría de los lobos de España y de Europa- serán recibidos en la sede de la Comisión Europea en Bruselas el próximo lunes, día 12 de septiembre, a las 10:30 horas, por el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, a quien informarán de la situación planteada en sus territorios del noroeste de España desde la inclusión del lobo en el LESPRE, lo que ha impedido a estas comunidades autónomas llevar a cabo la gestión y conservación del lobo como se ha hecho en los últimos lustros, con controles de lobos al sur del Duero y su gestión, por ejemplo vía la caza, para mitigar los daños a la ganadería extensiva por parte de esta especie silvestre que, a pesar de la caza, gestión y controles, venía incrementado su población en los últimos años.
A este respecto, las cuatro comunidades autónomas que albergan la casi totalidad de la población de lobos de España, desmienten rotundamente el discurso del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para el que el estado de conservación de esta especie silvestre es desfavorable, lo que pondrán de manifiesto a través de un informe firmado por los cuatro consejeros, que cuestiona en el fondo y en la forma esa posición del Gobierno de España.
Tras esta reunión con el comisario europeo de Medio Ambiente, Suárez-Quiñones y sus homólogos tienen previsto posteriormente hacerlo con representantes del COPA (Comité de Organizaciones Profesionales Agrícolas), que integra a las asociaciones agrarias y de cooperativas en la Unión Europea, para exponer la problemática del lobo en las cuatro comunidades españolas; el COPA representa a más de 22 millones de agricultores europeos y sus familiares en un esfuerzo combinado con sus miembros para promover los mejores intereses del sector agrícola entre las instituciones de la UE y otras partes interesadas pertinentes. También se reunirán con la COGECA (Confederación General de Cooperativas Agrícolas), que representa los intereses generales y específicos de las cooperativas agroalimentarias, forestales y pesqueras europeas entre las instituciones de la UE y otras organizaciones socioeconómicas que contribuyen a la toma de decisiones en Europa.
