El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, urgió este lunes al Gobierno en funciones que se alinee en la posición de “flexibilidad” de gestión del lobo que ha propuesto hoy la Comisión Europea, que estudia relajar las reglas de protección de este cánido por el aumento de ataques al ganado e insta a instituciones y colectivos interesados a presentar antes del 22 de septiembre datos actualizados sobre la población de lobos y sus impactos.
“La Comisión hoy ha tomado una decisión muy importante, que es la culminación de un proceso que dura meses en relación a la gestión del lobo”, recordó el consejero, quien mencionó expresamente la “preocupación” al respecto de la propia presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen. A juicio de Suárez-Quiñones, Europa está preocupada por el “crecimiento de los daños del lobo a la ganadería, e incluso por el riesgo a la población”, una cuestión, prosiguió, que se manifestó en noviembre con una “decisión histórica” del Parlamento Europeo, donde se puso de manifiesto que “había que adoptar medidas para flexibilizar la gestión y favorecer el control y equilibrio de la especie respeto a la ganadería y los territorios”.
También, recordó el consejero, se puso sobre la mesa, en este caso por carta de la presidenta de la CE, con fecha de 25 de noviembre, donde “pedía recabar datos”. Y el 23 de junio, los ministros de Agricultura, encabezados por Rumanía, “reclamaron tomar decisiones”, porque “muchos países, entre ellos España, estaban teniendo numerosos daños, se había roto el equilibrio entre la especie y las actividades económicas y reclamaban tomar decisiones”.
Hoy, la Comisión abre un periodo de consultas en la, anunció el consejero, “Castilla y León va a estar recabando y aportando los datos necesarios para buscar esa flexibilización europea en la gestión del lobo”. “Lo curioso”, criticó Suárez-Quiñones, es que Europa busca este camino y el Gobierno, en 2021, “la endureció, en sentido contrario al de Europa”. En este sentido, exigió al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfica que derogue la orden ministerial de hace dos años, que “ha cometido esa acción tan perjudicial para los intereses del medio rural”, y que “se alinee con la posición europea”.
Gestión “responsable”
Suárez-Quiñones expuso que Castilla y León contaba con un régimen al norte del Duero en el que la Junta “gestionaba de forma responsable las poblaciones del lobo”, pero el Gobierno retiró a las comunidades autónomas esas facultades, sobre un régimen que ahora Europa quiere que se extienda por el continente”.
Por esta razón, “hoy es un día muy importante para la conservación del lobo”, y justificó que donde está el 20 por ciento de estos animales, al sur del Duero, se contabiliza el 80 por ciento de los daños, pero “no aumentan las poblaciones del lobo”. Mientras, al norte, con el 80 por ciento del censo, solo se registra el 20 por ciento de los daños, precisamente donde gestionaba la Junta. “Pone de manifiesto que cuanto más estrictas son las medidas, se genera un conflicto social y abandono de la actividad, pero no crece la población del lobo, que está perfectamente conservado, en ascenso. Por eso Europa nos había permitido gestionar a las autonomías”, defendió el consejero, quien aplaudió que los mensajes que los gobiernos de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León han traslado a Bruselas “han cristalizado”.
Al respecto, anunció su participación en esta “especie de información pública” que abre la Comisión, para el que la Consejería cuenta con “mucho material” que ya antes se había remitido a la CE. “Ha resonado mucho la situación del lobo en Europa y esa concienciación ha anidado en el Parlamento y la Comisión”, subrayó Suárez-Quiñones, quien desconoció los plazos que ahora maneja la UE, porque “no es fácil cambiar ese régimen”, aunque confió en que la institución europea “se haga cargo del problema y lo aborde con seriedad”.
