La Junta de Castilla y León ha querido condenar a través de una nota de prensa las fiestas que se siguen sucediendo en la Comunidad. En la última semana se ha abierto expediente sancionador a 65 personas por su participación en 6 fiestas que se celebraron incumpliendo las medidas sanitarias adoptadas en la lucha contra la COVID-19. El importe total de las sanciones ronda los 150.000 euros.
Las fiestas ilegales, que fueron denunciadas por parte de efectivos de la Guardia Civil, tuvieron lugar en una nave del polígono industrial de Guardo (Palencia), en un local de la calle Alberca en Moraleja del Vino (Zamora) y en una nave situada a las afueras de la localidad de Santo Tomé de Zabarcos (Ávila). Asimismo, también tuvieron lugar en diversas viviendas abulenses: en la calle de la Ermita de la localidad de Sotillo de la Adrada, en la calle Piedrahita de Zapardiel de la Cañada y en la avenida de Derechos Humanos de Ávila, esta última, denunciada por la Policía Local de Ávila. El importe total de las sanciones ronda los 150.000 euros.
Estos expedientes sancionadores se suman a los que ya se han tramitado desde la entrada en vigor de la medida sanitaria que prohíbe la celebración de este tipo de eventos sin autorización. Son por el momento, 120 las personas sancionadas en Castilla y León por la participación en fiestas ilegales. La cuantía de las sanciones se acerca a los 430.000 euros.
La falta de autorización, el superar el número máximo de personas permitidas en espacios privados, incluidos los domicilios, no usar mascarillas y el negarse a suministrar información a los agentes de la autoridad son las infracciones más recurrentes.
La instrucción de los expedientes sancionadores corresponde a la Agencia de Protección Civil de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, desde donde se recuerda que la sanción mínima por la celebración de una fiesta o evento que supere el número máximo de personas permitidas, con carácter general, es de 600 euros; si bien dicha cuantía puede ascender, pudiendo imponerse sanciones desde 30.001 a 60.000 euros si son más de 15 las personas que participan de la fiesta ilegal, así como sanciones desde 60.001 a 600.000 euros si son más de 150 los participantes.
Las autoridades sanitarias han advertido de manera reiterada que las reuniones sociales constituyen un importante foco de propagación de la enfermedad, recomendando la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable y limitándose, actualmente, la permanencia de personas en espacios privados en un máximo de cuatro personas, salvo que se trate de convivientes.
