A los arrestados se les imputa también delitos de usurpación, fraude fiscal y blanqueo de capitales. Se trata de un empresario, su compañera sentimental y un asesor fiscal y laboral.
La investigación comenzó el 30 de agosto, a instancias de la autoridad judicial, por parte del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Arévalo ante las sospechas de irregularidades en las contrataciones laborales de determinadas personas.
Antes se había presentado una denuncia de tres víctimas, a las que la Agencia Tributaria había reclamado el pago de cuantías y presentaciones de declaraciones tributarias por haber efectuado cambios de domicilio fiscal y declarado operaciones mercantiles con terceras personas físicas y jurídicas por importe de 102.280 euros, cuando en realidad la persona afectada no había mantenido ninguna relación comercial, mercantil ni personal con ellas ni las había autorizado.
Los autores de los delitos se dedicaban a captar personas de nacionalidad rumana a las que prometían trabajo estable en una empresa y les ofrecían documentación española. Sin embargo, cuando llegaban a España los contratos eran precarios y, tras trabajar una temporada en pésimas condiciones, se iban del país. Los acusados continuaban haciendo uso de las documentaciones de las personas afectadas para cometer otras irregularidades.
Las gestiones se realizaban de forma telemática a través de internet y, si bien las contrataciones eran de media jornada y con duración de entre cuatro a cinco horas, en realidad hacían jornadas de entre 12 y 14 horas. Cuando tenían que salir fuera de la residencia de la empresa, se les buscaba alojamientos con habitaciones donde se hacinaban entre seis y ocho personas. Estos viajes eran de un punta a punta de España, para lo que tenían que dormir en el propio vehículo con otros trabajadores de otras obras contratadas.
Utiilizaban sus documentaciones
La investigación ha permitido conocer que la persona investigada se dedicaba a hacer uso de las documentaciones de las personas, tanto contratadas como no contratadas, facilitando los datos al asesor de la empresa, también detenido, utilizándolas para realizar diversas operaciones fiscales ante la Agencia Tributaria.
También se ha detectado el delito de blanqueo de capitales, ya que el principal investigado, junto a su compañera sentimental y el asesor fiscal, se dedicaban a adquirir propiedades en su país de origen, Rumania, sin que tuvieran ningún bien a su nombre en España.
La Guardia Civil no descarta nuevas actuaciones por la participación posterior de diversos organismos como la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Junta de Castilla y León, además de las autoridades rumanas.
Las investigaciones y actuaciones han sido llevadas a cabo por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Arévalo, instruyendo las diligencias el titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de Ávila y el número 5 de Arganda del Rey (Madrid).
