El Tribunal Supremo (TS) ha avalado retirar a Mauricia I. la custodia de sus niños, a quienes tuvo con 64 años, en 2017, gracias a un tratamiento de reproducción asistida en Estados Unidos. El Alto Tribunal ha dado así la razón a la Junta de Castilla y León y a la Audiencia Provincial de Burgos porque los menores se hallaban “en situación clara de desprotección” por la incapacidad de la madre de atenderlos y por no colaborar con Servicios Sociales, según publica hoy Diario de Burgos.
En la actualidad, los pequeños, que acaban de cumplir cuatro años de edad, se encuentran en régimen de acogimiento familiar. Fue en abril del año 2017 cuando los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León asumieron la tutela de los menores al entender que existía “riesgo” para su protección.
Mauricia I. acudió a la Justicia para reclamarlos, pero el Juzgado de Familia dictó sentencia en contra. En su fallo, recordó que ya “fue objeto de seguimiento” por el caso de su hija mayor (hoy tiene 11 años), que también fue declarada en desamparo, en 2014, debido a que la mujer se opuso a las medidas que determinó la Junta para garantizar el adecuado desarrollo de la niña.
En el caso de los mellizos, según recoge este rotativo, las resoluciones judiciales subrayan que la declaración de desamparo “no está motivada ni por su edad ni por su salud mental”, sino por la evaluación de los técnicos, quienes destacaron que “los rasgos de personalidad de la madre afectaban de forma relevante al desarrollo afectivo y psicosocial de los menores, unido a la inexistencia de relaciones familiares, falta de una red de apoyo social, aislamiento e inexistencia de vínculo afectivo adecuado con ellos”.
Cada dos años, según recuerda el citado periódico, Mauricia I. tiene posibilidad de solicitar a la Junta que revoque la declaración de desamparo de los dos mellizos que dio a luz en 2017, pero las resoluciones judiciales sobre la decisión administrativa de retirarle la custodia “no auguran un desenlace diferente en el corto plazo”.
El juzgado de Familia, la Audiencia Provincial y finalmente el Tribunal Supremo rechazan sus pretensiones de recuperar a sus hijos, pues estiman que la situación de los menores es de “clara desprotección” por la “incapacidad de la madre” para atenderlos y por su “falta de colaboración con los Servicios Sociales”, entre otras razones.
