UGT Servicios Públicos reclama la elaboración de un catálogo de enfermedades de los trabajadores de la Enseñanza, tanto de las de carácter profesional como de las relacionadas con el trabajo, así como de una normativa específica en materia de salud laboral para el profesorado.
"Percances diversos ocurridos en los centros educativos o en salidas escolares no se están tratando como accidentes de trabajo al no notificarse ni tramitarse de forma correcta. La falta de una lista actualizada de enfermedades profesionales que incluya todos los riesgos a los que está expuesto el personal que trabaja en los centros docentes implica que se pueden estar derivando al Sistema Nacional de Salud como contingencias comunes patologías producidas en el ámbito laboral, consecuencia de la dificultad de vincular las causas de las enfermedades con la actividad laboral", afirman desde el sindicato.
Tal y como han informado en un comunicado, UGT comparte el desconcierto de gran parte del profesorado -y del resto de trabajadores del sector- por que el Real Decreto 1299/2006, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social, únicamente reconozca los nódulos de las cuerdas vocales como enfermedad profesional en el ejercicio de la docencia.
El sindicato ha elaborado un documento divulgativo en el que, entre otras medidas, propone mejorar la formación de los servicios médicos, a fin de que "puedan reconocer mejor las causas por las que el profesorado solicita su baja laboral y que generalmente están quedando poco claras en los partes"; así como "establecer un diagnóstico preventivo de los distintos tipos de acoso, con el objeto de evitar que deriven en comportamientos de riesgo con consecuencias cada vez más graves".
En paralelo, desde el sindicato explican que "es necesario aplicar urgentemente mejoras en las condiciones laborales del profesorado que favorezcan la calidad y el bienestar laboral, como reducir la ratio de alumnos por aula, incrementar los recursos económicos, ampliar la dotación de profesores y procurar la estabilidad de los mismos, establecer actividades de apoyo familiar o incrementar las plantillas de profesionales específicos, como orientadores, personal de apoyo, profesorado técnico de servicios a la comunidad o educadores sociales".
Además, comentan que "es apremiante el reconocimiento de la función tutorial y la especial dedicación al centro de trabajo, la reducción de la jornada lectiva para mayores de 55 años, las licencias retribuidas por estudios o la protección y asistencia jurídicas. A ello se une también la conveniencia de una incorporación paulatina al puesto de trabajo para que el profesional que retorne tras una dolencia de larga duración cuente con el apoyo del profesor interino que le ha sustituido y no esté desde el primer momento a solas con sus alumnos".
UGT expone que el colectivo de trabajadoras y trabajadores de los centros educativos encuentra "cada vez mayores obstáculos a la hora de desempeñar su trabajo, siendo uno de los principales colectivos afectados por trastornos de origen psicosocial: estrés, depresión, fatiga psíquica o el síndrome del quemado, conocido como burnout. Los organismos internacionales han mostrado reiteradamente su preocupación por la violencia en el trabajo, tanto física como debida también a razones morales o de género, incluido el acoso sexual".
La incidencia y frecuencia de estas situaciones son de tal magnitud y relevancia que la actividad docente es asumida actualmente como una profesión de alto riesgo, de modo que las condiciones de ejercicio de la misma van transformando la escuela en un ambiente no saludable.
Por otro lado, informan que los docentes, "aún sabiendo de la existencia de la Ley de Protección de Riesgos Laborales, no terminan de ser plenamente consciente de que la materia afecta a su profesión, sino que más bien lo asocian a casos ocurridos en el alumnado, más que a su propia situación. La prevención de los riesgos laborales debería integrarse tanto en la práctica como en la gestión educativa diaria, lo que también redundaría en la calidad de la educación".
Desde UGT consideran que "las perspectivas de futuro para combatir los riesgos laborales, especialmente los riesgos psicosociales, vienen de la mano de iniciativas en las que se tenga en cuenta su alto impacto económico".
