Ante “el conflicto laboral inminente que acarreará el proceso de estatutarización de más de 700 médicos en las zonas rurales”, el procurador de UPL, Luis Mariano Santos Reyero, ha preguntado a la Junta de Castilla y León, en la sesión de control al Gobierno celebrada este martes, cómo prevé que afectará a la sanidad de la región la nueva regulación jurídica.
Según UPL, se trata de una situación que ha sido consecuencia de la concatenación de contratos temporales, del abuso de la interinidad, de omitir las convocatorias de procesos de oposiciones, “lo que supone poner en duda la valía de unos profesionales que han demostrado su profesionalidad durante mucho tiempo”.
Tal y como han detallado, “no queda muy claro si lo que quieren es plantear un proceso de regulación o un proceso de reconversión de plazas de médicos rurales en médicos de área, centralizando y deslocalizando” y consideran que “el resultado será una mayor carga de trabajo de los profesionales, que se incrementará con el aumento de los pueblos y la centralización de la organización en los centros de salud, alargando los desplazamientos sanitarios, dedicando más tiempo a viajar que a practicar la asistencia sanitaria”.
En este sentido, UPL considera “comprensible” la necesidad de poner fin a una situación “irregular” en la que los profesionales llevan encadenando contratos laborales de interinidad más de 20 años, sin embargo, señalan, “la solución de la administración autonómica no puede poner en duda la solvencia de los mismos”.
“Si la situación no se resuelve el próximo verano, que es cuando la población de los pueblos se incrementa, nos encontraremos con una huelga médica que provocará el caos sanitario en nuestros consultorios locales”, han avanzado, y han recalcado que se debe al hecho de “obligar a los facultativos que ahora son interinos, algunos de 60 años, y después de 20 años de experiencia, a dejar de ejercer como médicos titulares”.
“Esta situación tendrá como resultado la eliminación de consultorios locales, provocando el aumento de los desplazamientos, una peor atención a una población envejecida y la desestructuración de la atención primaria rural”, han lamentado.
