El grupo parlamentario UPL-Soria ¡Ya! ha registrado este miércoles en las Cortes de Castilla y León una Proposición de Ley para la creación del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Comunidad Autónoma. Esta iniciativa, que ha contado con la colaboración de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en su preparación, tiene como objetivo desarrollar la ley básica estatal sobre este colectivo (Ley 4/2024, de 8 de noviembre, básica de agentes forestales y medioambientales) y situar a Castilla y León "a la cabeza de la defensa integral del medio ambiente y la protección de los entornos rurales".
Desde UPL y Soria ¡Ya! se subraya la importancia de regular este cuerpo, dada la vasta superficie forestal de la Comunidad, que representa más del 50% de su territorio con más de 5 millones de hectáreas de masa forestal. Consideran que la protección de montes, ríos, lagunas, fauna y flora es clave, ya que estos espacios naturales "desempeñan un papel clave en la economía rural a través de los aprovechamientos forestales o el turismo rural sostenible, consolidándose como una fuente de riqueza de los territorios rurales y por tanto uno de los principales ejes en la lucha contra la despoblación”.
CSIF, por su parte, ha recordado que los agentes medioambientales son los encargados de vigilar y proteger el entorno natural, constituyendo "un eslabón crucial en la lucha contra la despoblación", ya que los aprovechamientos forestales generan riqueza y empleo en los pueblos, especialmente entre los jóvenes, garantizando el relevo generacional en el medio rural.
La proposición de ley destaca la vital importancia de la vigilancia y control de los aprovechamientos maderables, cinegéticos, piscícolas, resineros (con especial relevancia en Soria), micológicos, del corcho (con incidencia en Valdelosa, Salamanca), y otros recursos naturales. Se resalta el papel esencial de los agentes medioambientales, quienes dirigen más del 90% de los operativos de extinción de incendios forestales –siendo Zamora, León y Salamanca las provincias más afectadas–, participan en rescates de personas en el entorno natural y colaboran en emergencias, como se demostró durante la pandemia de 2020 o en la reciente DANA que afectó a Valencia.
Tanto las formaciones políticas como el sindicato CSIF coinciden en que el objetivo principal de esta ley es mejorar la gestión y conservación del patrimonio natural, reforzando la seguridad jurídica de los agentes medioambientales para asegurar un servicio público eficiente. Explican que actualmente no existe un marco normativo autonómico específico que regule la actividad del colectivo en Castilla y León, aplicándose una normativa dispersa que genera "inseguridad en el ejercicio de sus funciones, dificultades en la coordinación de su labor o la carencia de recursos materiales adecuados”.
CSIF valora positivamente que la Proposición de Ley defina de manera inequívoca las competencias de los agentes medioambientales, fortaleciendo su papel en la protección integral del medio ambiente mediante la creación del Cuerpo autonómico. Señalan que la propuesta "aborda aspectos esenciales para los trabajadores del sector, como la dotación de medios materiales para poder desarrollar su trabajo adecuadamente, formación continuada, promoción profesional o la integración en el grupo de titulación exigida, reivindicaciones demandadas históricamente”.
