El pasado viernes, un grupo de once equipos de Segunda B, entre los que se encuentra Unionistas, pedían a la Real Federación Española de Fútbol una seir de medidas para exigir un mayor control económico sobre pago y contratos a futbolistas.
La respuesta de la RFEF no ha tardado y se ha mostrado muy claro con estos once equipos al pedirles que den nombres concretos: "No entenderíamos hacer afirmaciones como las que formulan sin disponer de las pruebas suficientes y, como estamos convencidos que ello no es así, porque no hubieran afirmado lo que afirman sin tener prueba alguna, les pedimos que, por favor, nos envíen de inmediato todas las denuncias y los elementos probatorios para que articulemos los mecanismos legal y reglamentariamente previstos para atajar este tipo de conductas impropias".
Incluso llegó a dar un pequeño tirón de orejas a alguno de los equipos firmantes en la carta, ya que el comunicado expresaba que alguno de los equipos aportó "de manera tardía y a regañadientes la información económica obligatoria o se encuentra en la fase previa al bloqueo de derechos federativos, algo que ocurrirá en caso de no satisfacer con inmediatez deudas contraídas con la RFEF".
