La Junta de Gobierno del Colegio de la Abogados de Salamanca acordó remitir a los medios de comunicación una explicación sobre la postura de esta Institución con respecto a la situación de los letrados del Turno de Oficio que está motivando, numerosas protestas, muchísimas reuniones y generando un ingente trabajo a los Colegios y Consejos de la Abogacía.
Mediante este comunicado, los abogados quieren que la sociedad salmantina sea consciente de la situación por la que atraviesa el Turno de Oficio en Salamanca que, en última instancia, siempre repercute en la ciudadanía y de la situación, cada vez más precaria en la que los profesionales de la Abogacía realizan el Turno de Oficio.
Dada la situación en la que se viene trabajando, y la absoluta incomprensión del resto de los operadores y del Ministerio, el enfado y hartazgo del colectivo de abogados que prestan el servicio del Turno de Oficio ha llegado a su punto álgido: impuntualidad en los cobros, falta de actualización de baremos y de cobro de actuaciones, exceso de exigencias en la acreditación, a veces imposibles, falta de pago del kilometraje en las actuaciones fuera del partido etc..
"El Turno de Oficio en la actualidad no es una actividad residual propia de la beneficencia, sino que es un derecho fundamental que debe retribuirse además de forma digna, por las administraciones. Los distintos gobiernos han ido incrementando el número de beneficiarios del sistema, sin que se hayan hecho las reformas legales necesarias para que los letrados cobren esas actuaciones".
La Justicia, al igual que el resto de los derechos básicos, debe formar parte de la agenda política estén o no transferidas las competencias, o precisamente para ello. Como ocurre en otros territorios, todas las administraciones deberían involucrarse y buscar la financiación de los servicios jurídicos que no están sufragados por el Estado. Además, es imprescindible trabajar con los Delegados Territoriales del Gobierno para unificar los criterios de las Comisiones de Justicia Gratuita de la Comunidad Autónoma en la concesión del beneficio, especialmente en los puntos conflictivos y para evitar las disparidades e incluso contradicciones que existen.
¿Qué se solicita desde los colegios?
- Una retribución digna de todas las actuaciones de los profesionales de la Abogacía que realizan el Turno de Oficio y su actualización automática conforme al IPC
- La inclusión de nuevos módulos que reconozcan el pago de actuaciones actualmente no retribuidas como las ejecuciones, algunos recursos, la vía administrativa obligatoria, la mediación, …etc.
- Que, en todo caso, el profesional de la abogacía cobre, en todo caso, las actuaciones que hayan de ser asumidas por imperativo legal o judicial, con independencia de que el ciudadano beneficiario realice o no los trámites burocráticos de acceso a la justicia gratuita.
Puesto que la actuación ya se ha prestado, el Estado debe pagar al profesional y después deberá entenderse con el ciudadano, como ocurre con la sanidad y otros derechos.
En Salamanca el Colegio de Abogados reivindica, además, el abono de los desplazamientos desde su residencia a otros partidos judiciales, de los abogados y abogadas que prestan la Asistencia Letrada a la persona detenida o investigada.
"Los colegios organizan el servicio de guardia con profesionales que están disponibles durante 24 horas 365 días al año, para que cualquier persona detenida pueda tener asistencia letrada, disponibilidad que sólo se abona si en el partido hay como mínimo 3 asistencias diarias. Resulta que en los partidos judiciales de la provincia: Vitigudino, Béjar, Peñaranda y Ciudad Rodrigo como no se alcanza esa cifra, aunque la disponibilidad sigue siendo la misma, el letrado cobra exclusivamente la asistencia, en caso de que la haya (lo que llamamos “Abogado a demanda”).
Por si esto fuera poco, en dichos partidos no residen suficientes letrados que atiendan el Turno de Oficio Penal debido a la España vaciada y al envejecimiento poblacional, de tal manera que los letrados de Salamanca han de desplazarse hasta allí para prestar el servicio ( por ejemplo en Vitigudino, con más de cinco puntos muy dispersos de detención, solo reside una letrada ), y aquí ¿qué ocurre? que el letrado hará más de 200 km, normalmente en dos días, aunque no se le pagará ni el tiempo dedicado, ni el desplazamiento. Y, para rematar, en ocasiones se encuentran con la incomprensión de juzgados y centros de detención si, dada la distancia, tardan en llegar más de lo que esperan. Para concluir con los despropósitos de esta regulación, lo que ocurre en la guardia de Violencia es para nota: el letrado que asiste a la víctima cobra el kilometraje y el que asiste al agresor, no, aunque salgan del mismo sitio y hagan los mismos kilómetros.
El Colegio es consciente de que, dada esta situación sea normal que cada día un mayor número de letrados vaya dejando el servicio como consecuencia del maltrato que reciben y de las trabas y la incomprensión de la que son objeto. Además, y como hemos señalado, en los partidos hay un verdadero problema a la hora de atender las asistencias por la escasez de letrados interesados en realizar dichas guardias.
