El Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado por unanimidad, y como declaración institucional, un código ético de buenas prácticas para cumplir con lo acordado en el Pacto Nacional contra la violencia de género y “luchar activamente contra el tráfico y la trata de personas, así como contra la prostitución, entendidas ambas como explotación, esclavitud, violación de derechos humanos y cosificación de la mujer”.
Este llega después de que Ganemos presentara de nuevo una moción contra los anuncios de prostitución por segunda vez, después de que se denegara ya en octubre. En palabras de la portavoz, Virginia Carrera, devolvió al Pleno esta petición por las conversaciones con Ciudadanos, después de que se aprobara esta misma moción en la Diputación de Ávila o Salamanca. “Buscamos posicionamiento firme y oficial para que la explotación sexual sea una cosa del pasado y no del presente”, comenta.
Ante ello, que PSOE volvió a aprobar y PP a rechazar, desde Ciudadanos dieron la enhorabuena a la portavoz de Ganemos porque se va a acabar con estos anuncios aunque no con su moción. “Con el acuerdo impulsado por Ciudadanos al que se han adherido todos los grupos, usted debería estar de enhorabuena. La diferencia es que Ciudadanos consigue impulsar un acuerdo en el que todos los grupos se sumen para lograr un fin que es el mismo que ustedes persiguen pero que se vuelven a quedar solos. Solo piensan en ustedes, no saben negociar”, dijo el portavoz, Alejandro González Bueno.
Así, antes de la aprobación de la declaración institucional de buenas prácticas, que fue presentada como moción de urgencia, Carrera contestó que Ciudadanos es “la comparsa del PP y en esto se han equivocado. Los que están solos, son ustedes”.
La declaración institucional, por su parte, que goza de cuatro puntos, deberá adaptarse a la normativa en vigor ya que la comunicación “debe respetar la legalidad vigente y de manera especial los valores, derechos y principios reconocidos en las diferentes normas que existen en nuestro ordenamiento jurídico, como por ejemplo la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección Integral contra la Violencia de Género; y, en la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad (que tipifica como ilícita la publicidad que atente contra la dignidad de la persona”.
