El Consejo de Ministras ha incluido entre los objetivos de los 1.185 millones de euros destinados a política educativa el impulso de la equidad en el sistema educativo. Sin embargo, no incorpora inversiones para garantizar el derecho a la educación de menores y adolescentes con parálisis cerebral y con grandes necesidades de apoyo.
Confederación Aspace, entidad que representa a 85 entidades de atención a las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo, ha reclamado al Gobierno de España amplitud de miras en la inversión en políticas educativas con fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El impulso de la equidad del sistema educativo es una de las prioridades de inversión; pero la estrategia no ha contemplado acciones para la inclusión del alumnado con parálisis cerebral. El 80% de estos menores y adolescentes tienen grandes necesidades de apoyo ya sean físicas, intelectuales, de comunicación o una combinación de estas; y la inclusión educativa pasa por ofrecer apoyos y adaptaciones curriculares que se adecuen a cada persona. “El derecho de las personas con discapacidad a la educación debe ir acompañado de la modalidad de escolarización que garantice su bienestar, calidad de vida y desarrollo educativo”; ha declarado Manuela Muro, presidenta de Confederación Aspace. “Abordar los fondos de recuperación obviando la necesidad de una reforma global del sistema educativo es una oportunidad perdida”.
Esta reforma debe orientarse a ofrecer a las personas con discapacidad los apoyos que necesiten en cualquier itinerario educativo e incorporar a los Centros de Educación Especial como agentes favorecedores de la inclusión. Estos centros precisan de más recursos para impulsar metodologías, entornos y estrategias para promover la igualdad de oportunidades. En el ámbito de la educación ordinaria también es necesaria una mayor inversión en recursos humanos, materiales y en formación para responder de forma adecuada a las necesidades educativas especiales de los menores con parálisis cerebral. La colaboración entre la educación especial y la ordinaria resulta imprescindible para lograr una inclusión efectiva, que vaya más allá de concentrar acciones educativas en espacios comunes.
Los fondos de recuperación podrían posicionar a España a la vanguardia educativa y del cumplimiento con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Hoy en día las acciones de inclusión dependen de la voluntad administrativa y los apoyos se retiran al finalizar la educación obligatoria; impidiendo que jóvenes con parálisis que han avanzado junto a sus compañeros y compañeras en el colegio prosigan con su educación superior; vulnerando así sus derechos y relegándolos a la exclusión social.
Aspace recuerda que la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada por España, obliga a nuestro país a avanzar hacia sus preceptos; y que solo con el consenso de los tejidos asociativos y centros educativos se logrará el objetivo de una inclusión educativa real.
