El Procurador del Común ha emitido una resolución en la que pide a la Diputación de Salamanca que modifique el protocolo antiacoso que aprobó en el mes de febrero tras una denuncia de acoso sexual de una alumna menor.
Según recoge la agencia ICAL, el procurador solicita que se modifiquen dos apartados, el 7.6 relativo a la decisión sobre indicios y el 7.7 que desarrolla la comunicación a las autoridades competentes a entender que una comisión interna “no puede condicionar ni retrasar el cumplimiento de las obligaciones de comunicación inmediata a las autoridades competentes” de los casos de acoso sexual que se puedan dar en la escuela taurina.
Los artículos establecen que será una comisión de estudio la que analice los casos en un plazo de siete días y quien determine si existen indicios suficientes de acoso sexual o por razón de sexo. Tras eso, la decisión se registra por escrito y es la comisión la que decide también si los indicios no son concluyentes, por lo que en ese caso se planifica un seguimiento y observación adicional.
En el caso de que la comisión determine que los indicios sean claros, el siguiente paso es informar a las autoridades competentes de la propia institución o bien a la Fiscalía de Menores, la Inspección Educativa, Servicios Sociales o fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado.
Sin embargo, la Fundación Franz Weber ha asegurado en un comunicado que su disconformidad está en que la comunicación a las autoridades se condiciona a la labor de dicha comisión que según la entidad “no tiene amparo ni figura legal específica en la normativa autonómica ni estatal”. Es decir, que “un caso de esta gravedad no se comunicaría a la Fiscalía de Menores al momento de ser detectado”.
Fundación Franz Weber ya mostró su preocupación por las “carencias” detectadas en el documento aprobado, subrayando que “no incluye actuaciones o medidas cuando es el profesorado, tutores o incluso la dirección del centro quien pudiera ejercer conductas de acoso o que ataquen a la integridad moral o física de los menores o adultos inscritos”.
Otra de las cuestiones que preocupa a la organización animalista es el mantenimiento dentro del mismo protocolo de posibles comunicaciones con personas menores de edad a través de medios digitales, bien sean e-mails de carácter corporativo o con espacios específicos en aplicaciones móviles. FFW considera que “ningún menor debería tener acceso a este tipo de grupos” y que, al igual que sucede en actividades de carácter extraescolar o en centros educativos, las comunicaciones “se deben producir entre adultos”.
Cabe recordar que el Procurador del Común ya emitió otra resolución el pasado mes de julio en el que pedía a la Diputación que en caso de que se produzca cualquier situación de esta índole se adopten las medidas necesarias para proteger a la menor. También pedía que se designara a la persona delegada de protección y se determinase “claramente sus funciones y haciendo accesible al alumnado su identidad y los cauces para contactar con ella a sus familias y al personal de la Escuela de Tauromaquia”.
