A lo largo de 2025, la Asociación de viviendas y apartamentos turísticos de Castilla y León, ha explicado que han llevado la defensa jurídica de decenas de viviendas turísticas indicando que “el Ayuntamiento de Salamanca, con perfecto conocimiento de tal circunstancia, les cobraba más por los servicios públicos, como agua o basura, desde hacía varios años. Sin embargo, movido quizá por intereses distintos al cumplimiento de la ley, decidió producir actos administrativos de cierre de dichos inmuebles”.
Por otro lado, los abogados de AVATCYL han conseguido que hasta 25 sentencias se dicten en favor de los propietarios, haciendo que el Ayuntamiento de Salamanca tenga que recurrir estas medidas: “A pesar de los recursos del Ayuntamiento ante el TSJCyL, alguna sentencia ya ha ganado firmeza avalando las tesis de los propietarios que han cumplido estrictamente la legalidad. Consideramos que los citados recursos ante el TSJCyL que mantiene el Ayuntamiento pueden ser considerados como un despilfarro de dinero público y un ejercicio despótico de poder”.
También han querido denunciar que el propio consistorio no se ha querido reunir con ellos, haciendo un “ejercicio antidemocrático que debilita la institución municipal, desprecia a los ciudadanos y consolida una manera de ejercicio del poder intolerable e incompatible con las exigencias de legalidad y audiencia permanente a cualquier ciudadano ante sus representantes”.
Por último, han indicado que la normativa de la Junta de Castilla y León “es perjudicial para la comunidad”, limitando “en todos los pueblos pequeños la actividad turística, prohibiendo una actividad que genera un desarrollo económico muy necesario”.
