La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, proclamó este jueves un “potente” paquete de medidas de apoyo a las familias, que estará dotado con 50 millones de euros, “un gasto sin precedentes” en este tipo de políticas, según destacó durante su comparecencia en las Cortes para informar sobre el programa de actuaciones a desarrollar en la XI legislatura.
Entre las novedades, indicó que una de las primeras medidas será el incremento de las ayudas para la conciliación a través de la ampliación del ‘Bono Concilia’, cuyas bases reguladoras se publicarán mañana, 20 de mayo, en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl), y que contarán con una inyección de 10 millones de euros. Se trata de un bono que tiene como finalidad contribuir, durante el curso escolar, “a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los progenitores trabajadores”, así como a facilitar la “corresponsabilidad” en el cuidado de los hijos, a través de una ayuda económica por cada menor de 0 a 3 años a su cuidado, especialmente en aquellas familias con menor nivel de renta o susceptibles de especial protección, según el ‘Plan Familias’, como son las familias numerosas, las que residen en el medio rural, las monoparentales y las familias acogedoras.
El año pasado se beneficiaron de esta ayuda casi 10.000 familias. “Nuestro objetivo para esta legislatura es incrementar esa cifra, llegando a todas aquellas que lo necesiten”, pronosticó.
Blanco presentó una hoja de ruta que marca un “rumbo cierto” para, dijo, “garantizar la protección, el apoyo y la atención a las personas de Castilla y León, especialmente a las más vulnerables”, a través de una política sustentada en el diálogo y la participación. En este marco, sostuvo que su departamento “analizará” la situación de la Renta Garantizada de Ciudadanía con el fin de “potenciar” su vinculación a un proyecto individualizado de inserción, “fomentando el carácter instrumental de la búsqueda activa de empleo mediante itinerarios personalizados, incrementando su seguimiento y vinculándola al empleo y a combatir el absentismo escolar”.
Así, en el apartado de familias, el departamento que dirige Isabel Blanco continuará con el trabajo iniciado la pasada legislatura para “desarrollar y ampliar” el ‘Plan Familias’, dirigido a las 300.000 familias con menores de 25 años de esta Comunidad, que “apuesta por una política integral que atiende sus necesidades y demandas”. Por ello, subrayó que se trata de un plan transversal que, a través de las diferentes consejerías, movilizará más de 1.500 millones de euros esta legislatura.
En la misma línea de actuación adelantó que se convocarán, en el seno del Diálogo Social, las ayudas para las familias que piden excedencia o reducción de jornada para conciliar. El presupuesto anual para esta medida será de dos millones.
Dentro de la “apuesta” de la Consejería por el “mundo rural para que las familias puedan desarrollar su proyecto de vida en los municipios más pequeños”, Blanco recordó que desde el próximo curso se implantará la gratuidad del programa ‘Crecemos’, que ofrece cobertura de plazas en centros infantiles a niños de 0 a 3 años en localidades del ámbito rural con una demanda inferior a 15 plazas, donde no exista ningún otro recurso de conciliación.
A lo largo del año 2023 se pondrá en marcha un nuevo servicio de conciliación para familias con menores con discapacidad que asisten a centros de educación especial; y anunció que regulará la acreditación de familia monoparental, “a las que su falta de reconocimiento y definición legal provoca que este modelo familiar no sea tenido en cuenta en multitud de ámbitos”. En Castilla y León viven 11.000 familias con estas características.
Por último, dentro del paquete de familias, dotado con 50 millones, mencionó la “esencial lucha contra la despoblación” mediante medidas “eficaces” para el reto demográfico. Por ello, anunció la creación de una nueva línea de ayudas para el fomento de la natalidad en Castilla y León, con un cheque bebé de una cuantía de hasta 2.500 euros por nacimiento de hijo.
Más vulnerables
Blanco recordó que el 21 de abril la Junta aprobó una serie de iniciativas económicas enmarcadas en el llamado Plan Anticrisis, que establece específicamente un apartado de medidas de apoyo a familias y colectivos vulnerables por un importe estimado de 45 millones. Medidas, añadió, que se incorporan al conjunto de servicios y programas integrados en la Red de Protección a las Familias de Castilla y León, que atiende anualmente a más de 174.000 familias con un gasto medio de 220 millones.
Con este objetivo se añaden a la red, como una nueva prestación, los ‘Bonos de Urgencia Social’, una herramienta jurídica básica que “permitirá atender situaciones de necesidad puntuales”, como pueden ser las derivadas de la subida de la electricidad u otras sobrevenidas que afecten de manera general a las familias vulnerables.
Protección a los menores
La consejera subrayó que en la actualidad, casi 53.000 menores en Castilla y León se benefician de medidas de apoyo a la infancia y, de ellos, 34.700 son atendidos para prevenir situaciones de riesgo de desamparo a través de un sistema coordinado y permanente que cubre todas sus necesidades y a lo largo de todo el año. En este sentido, se construirá un nuevo centro residencial de menores en Salamanca que se organizará en unidades de convivencia, “pieza clave del nuevo modelo de atención a la infancia, centrada en la persona, en este caso el menor, y sus necesidades”. Con este mismo objetivo se adaptará, explicó, el resto de los centros propios de menores de la Gerencia de Servicios Sociales.
Igualmente, sostuvo que en la presente legislatura se pondrá en marcha una nueva Red de Orientadores de Garantía Juvenil para realizar una orientación personalizada y un seguimiento profesional que permita apoyar la inserción laboral de los jóvenes beneficiarios. Esta red atendió el pasado año a más de 13.000 muchachos y posibilitó que más de 3.300 se inscribieran en el programa.
Además, remarcó que se ampliarán las bonificaciones en las residencias públicas de titularidad de la Junta a aquellos estudiantes con una trayectoria académica “excelente”, así como a deportistas considerados de alto rendimiento deportivo, “para que puedan elegir continuar sus estudios en las universidades de la Comunidad”. En el curso actual, cerca del 30 por ciento de los estudiantes disfrutan de bonificaciones en los precios públicos. También abogó por elevar el número de servicios y ventajas que ofrece el Programa Carné Joven Europeo en materia de transporte, formación y actividades culturales, una línea que cuenta con más de 39.000 titulares y 408 empresas colaboradoras.
Cinco nuevas leyes
Isabel Blanco lamentó que la pandemia retrasara el desarrollo de proyectos legislativos ya en marcha. De ahí que adelantara que en esta nueva legislatura se retomarían los trabajos respecto de estas normas, en concreto: la Ley de Atención Residencial, la de Apoyos al Proyecto de Vida de las Personas con Discapacidad y la actualización de la Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de género, las cuales no llegaron a entrar en el Parlamento autonómico.
Junto a ellas, en la presente legislatura se acometerán las labores para dar luz verde a dos nuevos textos legales: la Ley de Derechos de las Personas Mayores y la de Lucha contra la Violencia Intrafamiliar, para promover medidas preventivas y dotar de una protección adecuada a sus víctimas, recogida en el acuerdo de Gobierno PP-Vox.
Además, en esta legislatura, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades asume las competencias relativas a la coordinación e impulso de la política de integración de los extranjeros inmigrantes. En este marco, la consejera habló incluso de desarrollar programas específicos de formación y cualificación profesional para que lleguen a Castilla y León "personas cualificadas para desempeñar su trabajo en el ámbito rural, contribuyendo a la lucha contra la despoblación, favoreciendo la creación de nuevos servicios y sirviendo de motor de dinamización y progreso económico".
También se pondrá en marcha un protocolo de atención a refugiados para "cubrir sus necesidades básicas y conseguir su integración social y laboral", que incluya medidas de apoyo a las familias, sanidad, educación, vivienda, economía y empleo. A ello se suma la prestación actual a los menores ucranianos que huyen de la guerra sin sus progenitores o tutores legales (248 a fecha de hoy).
Procedentes de Europa
Por último, aprovechó la intervención para lanzar una crítica contra el Gobierno, no sin antes recordar que Castilla y León, en colaboración con las entidades del tercer sector y las entidades locales, gestiona en el ámbito de los servicios sociales un total de 200 millones procedentes de los distintos instrumentos diseñados por la Unión Europea para impulsar la recuperación de los Estados miembros tras la crisis sanitaria, económica y social de la COVID-19.
En este sentido, cargó contra el Ejecutivo central por “denegar, sin mayor justificación, la realización de un proyecto de 10 millones de euros para programas de inclusión social”. “Es una decisión arbitraria e injustificada ante la que actuaremos en consecuencia, ya que nuestro objetivo es alcanzar siempre la mejor y la máxima financiación para el desarrollo de servicios y programas que beneficien a los ciudadanos de Castilla y León con mayores dificultades”, argumentó la consejera, quien avanzó que denunciará este hecho ante la Unión Europea “por arbitrariedad, inexistencia de procedimiento y, sobre todo, por falta de transparencia, tal y como exige el reparto de estos fondos”.
