Los Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC) para 2023, aprobados el pasado viernes 23 de diciembre en las Cortes, los primeros del Ejecutivo de coalición PP-Vox, se publican este sábado en el Bocyl y entrarán en vigor este domingo, 1 de enero. Las cuentas para el próximo año ascienden a 13.809 millones, un 12,35 por ciento más que las últimas aprobadas en las Cortes, la cifra más elevada de la historia de la Comunidad.
Las consejerías contarán con 11.262 millones, con ocho de cada diez euros para sanidad, educación, familia y vivienda. La Consejería de Sanidad se mantiene como la primera en gasto de la Junta de Castilla y León, con 4.753 millones de euros, un 8,87 por ciento más que en las últimas cuentas, pero son los departamentos inversores, como Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Cultura y Turismo y Movilidad y Transformación Digital las que más crecen por la inyección de los nuevos fondos europeos.
En concreto, Presidencia tiene un presupuesto de 176 millones (10,73 por ciento más); Economía y Hacienda, 542 millones (44,67 por ciento más); Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 566 millones (8,14 por ciento más); Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, 512 millones (60,34 por ciento más); Movilidad y Transformación Digital, 292 millones (29,92 por ciento más); Educación, 2.614 millones (10,82 por ciento más); Industria, Comercio y Empleo, 445 millones (24,30 por ciento más); Familia e Igualdad de Oportunidades, 1.263 millones (16,74 por ciento más); Cultura, Turismo y Deportes, 212 millones (50,92 por ciento más).
Así, las consejerías sociales van a disponer del 76,6 por ciento del gasto no financiero, hasta un total de 8.630 millones de euros, en lo que supone un esfuerzo conjunto sobre el PIB del 12,6 por ciento. Además, el capítulo de inversiones supera por primera vez los 1.000 millones de euros.
Según la Junta, se trata de unos presupuestos “eminentemente sociales” y enfocados a garantizar la calidad de los servicios públicos esenciales, el compromiso con el mundo rural, la familia, la juventud y la lucha contra la despoblación.
Otro elemento que resalta el Ejecutivo autonómico es la reducción de impuestos a empresas y familias con beneficios fiscales que aumentan en un 60 por ciento respecto a 2021 y que se traduce en un ahorro de 600 millones. De esa manera, se contribuye a reducir el impacto de la subida de precios y a impulsar la economía, en particular en el entorno rural. Los beneficios fiscales llegarán a 478.000 contribuyentes y están dirigidos, en especial, a familias, acceso a la vivienda y fomento del empleo. El importe medio del beneficio fiscal es de 1.254 euros.
