El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este sábado el real decreto ley que el Gobierno aprobó el viernes en un Consejo de Ministros extraordinario con el fin de topar el precio del gas en el mercado mayorista, si bien el mecanismo no entrará en vigor hasta recibir la aprobación formal definitiva de la Comisión Europea, un proceso que dependerá de sus plazos internos y que podría llevar días o semanas, y tras los 12 días de adaptación que se deja a los operadores.
Así lo indicaron fuentes del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, después de que el Ejecutivo haya aprobado la limitación durante 12 meses del precio del gas en el mercado mayorista para así mitigar el impacto que el alto coste de esta materia prima tiene en el recibo de la electricidad.
Por lo tanto, el nuevo sistema de fijación de precios no estará en vigor hasta finales de mayo y se aplicará justo hasta las elecciones autonómicas y municipales previstas para el 28 de mayo de 2023, pues la literalidad del real decreto ley recogido por Servimedia establece que "en ningún caso resultará de aplicación más allá del 31 de mayo de 2023".
El Gobierno topa así el precio del gas inicialmente en 40 euros durante seis meses y lo aumentará en cinco euros el megavatio hora al mes a partir de entonces, terminando en 70 euros el megavatio hora y logrando así un precio medio de 48,80 euros a lo largo de 12 meses de vigencia de la medida, de manera que, según los cálculos del Ejecutivo, la medida permitirá reducir la factura en torno a un 30 por ciento.
El precio de la electricidad resultante tras aplicar el mecanismo dependerá, principalmente, del precio del gas en el Mercado Ibérico del Gas (MibGas) y del precio del CO2. Considerando 96 euros el megavatio hora para el gas y 80 euros el megavatio hora para el CO2, el mecanismo dejará el precio medio del 'pool' en menos de 130 euros el megavatio hora durante los 12 meses, frente a los más de 210 euros el megavatio hora que se registrarían en su ausencia.
Entrada en vigor
La medida tendrá efectos desde este domingo, una vez publicado en el BOE, pero su “plena efectividad” queda supeditada a la aprobación formal por parte de la Comisión Europea, siendo posible que ésta conlleve unos días o semanas. De hecho, tras el aval de las autoridades comunitarias, la ministra de Transición Ecológica tendrá que publicar una nueva orden que "determinará la fecha de inicio del mecanismo de ajuste regulado en este real decreto-ley, conforme a la fecha que establezca dicha autorización, que en ningún caso podrá ser anterior al día siguiente al de su publicación".
A este respecto, fuentes de Transición Ecológica explicaron que el mecanismo contempla un periodo de adaptación de 12 días para los operadores, a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOE. Además, es necesaria la aprobación por parte de Bruselas, tras la cual se publicará en el BOE una orden ministerial con su comunicación y la entrada en vigor del mecanismo. De esta forma, si transcurridos los 12 días del periodo de adaptación Bruselas ya hubiera aprobado la medida, ésta ya entraría en vigor, mientras que, en caso de llegar más tarde la luz verde de la Comisión, el mecanismo entraría en funcionamiento una vez llegara.
Una vez entre en vigor, el Gobierno cree que la medida supondrá “una mejora inmediata” para los consumidores que tengan contratos con precios variables como la tarifa PVPC, el 37 por ciento de los consumidores domésticos y el 70 por ciento de los industriales, mientras que los que tengan contratos con precios fijos lo percibirán si los renuevan o los cambian durante el año de vigencia del mecanismo. De esta forma, únicamente los consumidores con contratos a precios fijos a largo plazo que venzan después del año de aplicación de la medida no se verán afectados por la medida.
La aprobación de esta medida llega después de que España y Portugal recibieran el lunes la carta de conformidad de la Comisión Europea para poder implantar este tope al precio del gas. Con este permiso, conocido como ‘excepción ibérica’, Bruselas autoriza a estos dos países a topar el precio del gas para aislar su impacto en el precio de la luz, debido a que la exposición de España y Portugal al gas ruso es mucho menor que la del resto de países de la UE y, por tanto, ambos países consideraban injusto que esta materia prima sea la que condicione el precio de la luz.
Exportaciones
Por otro lado, fuentes ministeriales apuntaron que es esperable que con este nuevo mecanismo se produzca un incremento de las exportaciones de electricidad de España, fundamentalmente a Francia, de forma que el saldo será netamente exportador.
Dichas fuentes indicaron que es difícil estimar cuantitativamente dicho efecto en las exportaciones, pero señalaron que, mientras que en lo que va de año el saldo entre España y Francia en cuanto a la electricidad está equilibrado, con mayores exportaciones que España respecto a otros años, pero sin ser exportadores al 100 por ciento -ya que existen días y horas en las que España importa a Francia-, con el nuevo mecanismo España se convertirá probablemente en exportador neto respecto a Francia.
En cualquier caso, desde Transición Ecológica resaltaron que el mercado europeo seguirá siendo único porque la casación de la electricidad seguirá siendo única y que en ningún caso el mecanismo conlleva que España subvencione la electricidad que se exporte a Francia o Marruecos.
Por último, en lo que respecta a sobre quién recaerá la compensación del precio del gas, las fuentes ministeriales señalaron que no lo serán los consumidores, sino las comercializadoras que compran la energía en el mercado mayorista.
