Golpe encima de la mesa de la Junta de Castilla y León contra el juego y las apuestas. El Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico ha aprobado este jueves un nuevo Decreto-ley por el que, durante los dos próximos años, no se podrá abrir ninguna casa de apuestas ni salones de juego en ningún municipio de la Comunidad.
Así lo ha anunciado Ángel Ibáñez, consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, explicando que la medida entrará en vigor este mismo viernes, momento en el que se publique en el Bocyl, y que a finales de este mes se discutirá en el Pleno de las Cortes de Castilla y León.
El objetivo de la Junta es, según ha explicado Ibáñez, cumplir el compromiso que adquirieron de proteger “a las personas más vulnerables” y dar respuesta a la “creciente preocupación social” debido al incremento de los salones de juego y las denuncias sobre el aumento de los problemas de adicción que se ha producido desde la entrada en vigor del Reglamento regulador de las apuestas en la Comunidad.
Y es que, en poco más de cinco años, las autorizaciones de instalación de salones de juego y de casas de apuestas pasaron de 47 salones de juego existentes en 2015 a 131 salones de juego a fecha actual y de 3 casas de apuestas existentes en 2015 a 19 casas de apuestas a fecha actual. Y se encuentran en tramitación 5 expedientes de solicitud de autorización de instalación de salones de juego en de Castilla y León.
Por ello, desde la Junta han considerado “urgente” adoptar una medida que suspenda temporalmente las nuevas solicitudes que se presenten para el otorgamiento de autorizaciones de instalación de los salones de juego y de las casas de apuestas con el fin de atender sin demora a la protección de los derechos de los consumidores, la seguridad y salud de los consumidores, con especial atención a los menores y a los colectivos de jugadores que puedan requerir una especial atención, el orden público, la seguridad pública y la protección pública, y la lucha contra el fraude
De igual manera, el Ejecutivo autonómico señala que esta limitación también evita que se vea frustrada la futura regulación debido a un incremento excesivo de solicitudes para este tipo de establecimientos, puesto que el sector jurídico necesita, a su opinión, una seguridad jurídica tras verse afectado por la crisis de la pandemia.
