El objeto principal de esta modificación es ampliar y mejorar los supuestos en los que se puede ejercer el derecho a la segunda opinión médica, en un espectro más amplio de patologías, ofreciendo a los ciudadanos más posibilidades para ejercer su derecho y permitiendo contar así con una mayor información que afiance la seguridad de una decisión informada, consciente, participativa y autónoma para el mantenimiento y cuidado de su salud.
Además, la norma actualiza el ejercicio del derecho, adaptándolo a la revolución terapéutica y tecnológica desarrollada en las últimas décadas, que ha modificado el abordaje de múltiples enfermedades, al tiempo que avanza en la equiparación de los derechos de los ciudadanos de las diferentes comunidades autónomas, en aplicación de un principio de equidad.
En primer lugar, se modifica el ámbito de aplicación, de manera que “serán personas beneficiarias de la segunda opinión médica los pacientes del Sistema de Salud de Castilla y León que reciban asistencia en cualquiera de los centros de atención especializada propios, concertados o vinculados a la red asistencial sanitaria de utilización pública”.
En segundo término, se modifica el artículo 4 sobre supuestos susceptibles de segunda opinión, y se introducen, como novedades las enfermedades raras y sin diagnóstico; el trasplante de órgano sólido desestimado por parte de un centro trasplantador de la Comunidad; la cirugía de columna infanto-juvenil (escoliosis); la cirugía cardíaca, y cualquier otra enfermedad que suponga para el paciente un riesgo para su vida o para la calidad de ésta, entendida como una amenaza de incapacidad o menoscabo importante para su vida cotidiana y profesional.
Este listado se une a las patologías incluidas en el decreto anterior, que eran las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, excepto la demencia senil; las enfermedades degenerativas del sistema nervioso periférico; las enfermedades desmielinizantes, y las neoplasias malignas, excepto las neoplasias de piel que no sean melanomas;
Otra de las modificaciones introducidas es la relativa al supuesto de desestimación de la indicación de trasplante de órgano sólido, que será atendido en centros trasplantadores extracomunitarios, excepto en el caso del trasplante renal, para el que Castilla y León dispone de dos centros autorizados, por lo que, en este último caso, la segunda opinión se atenderá en un centro propio. Para la solicitud de segunda opinión a un centro trasplantador de otra comunidad será preceptiva la autorización de la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Castilla y León y la de la comunidad receptora, siguiendo la circular adoptada por el Consejo Interterritorial de Trasplantes.
Por último, la Consejería de Sanidad modifica el apartado 1 del artículo 8, que queda redactado en los siguientes términos: “Corresponde tramitar y resolver la solicitud de segunda opinión médica a la Gerencia de Asistencia Sanitaria y, en su caso, a la Gerencia de Atención Especializada del centro donde el paciente está recibiendo asistencia y, si éste es un centro concertado o vinculado a la red asistencial sanitaria de utilización pública, a la Gerencia de Asistencia Sanitaria y, en su caso, a la Gerencia de Atención Especializada del centro que corresponde a dicho paciente por motivo de residencia”.
