La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la falta de voluntad política de la Junta de Castilla y León para avanzar en la aprobación de la Ley de Coordinación de Policías Locales, una norma largamente esperada y cuyo texto ya fue negociado con los representantes de los trabajadores. El sindicato reclama que la tramitación del proyecto legislativo se inicie antes de que se disuelvan las Cortes y concluya la presente legislatura.
Según CSIF, el Gobierno autonómico lleva meses bloqueando la propuesta sin ofrecer explicaciones, “mirando hacia otro lado y dejando que pase el tiempo”. El plazo de presentación de alegaciones finalizó el pasado 10 de septiembre, tras una prórroga iniciada en junio, cuando concluyó la negociación de la parte técnica de la futura normativa. El sindicato sostiene que se trata de una propuesta mínima y razonable, “poco ambiciosa, pero imprescindible para avanzar hacia una Policía Local más profesional, más segura y más reconocida en Castilla y León”, que sería fácilmente aceptable por todos los grupos políticos de las Cortes.
El anteproyecto de ley contempla, por primera vez, criterios claros, homogéneos y garantistas para la promoción interna y la movilidad de los agentes en todos los municipios de la comunidad. Además, establece la carrera profesional, que no estaba incluida en la Ley 9/2023, y fija un modelo de formación común de ámbito autonómico. También amplía las regulaciones sobre la segunda actividad, detalla las modalidades de jubilación voluntaria, incorpora medidas de igualdad real entre hombres y mujeres y reconoce aspectos específicos de las retribuciones salariales, como la peligrosidad, penosidad o nocturnidad.
CSIF critica que el Ejecutivo autonómico “está renunciando” a modernizar el servicio y mejorar las condiciones de los agentes, mientras otros partidos han mostrado disposición a enriquecer el texto inicial mediante aportaciones y diálogo. El sindicato asegura que no permitirá que los policías locales de Castilla y León queden nuevamente sin un marco legal actualizado. “Es el momento de actuar, de legislar y de cumplir con los profesionales que velan por la seguridad de nuestros municipios”, afirma CSIF.
