Uno de cada cuatro niños de Castilla y León ya sufría las consecuencias de la pobreza moderada antes de que el COVID-19 irrumpiera en el mundo y generara una pandemia, con consecuencias sanitarias, pero también sociales y económicas. Esto refleja la vulnerabilidad con la que los menores se enfrentan a la crisis del coronavirus, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) para 2019, recogida en un informe de Unicef, consultado por Ical.
Esto, según la organización, arroja "evidencia" sobre la "elevada vulnerabilidad" de la infancia en España y explica que "tantas familias hayan empobrecido tan rápido". De hecho, Castilla y León afrontó la mayor crisis del último siglo con una tasa de pobreza moderada infantil antes del coronavirus de entre el 20 y el 25 por ciento, por encima de Navarra y La Rioja, ambas con una tasa de pobreza por debajo de los 20 puntos porcentuales, del 17,3 y el 18,6 por ciento respectivamente.
Sin embargo, esta tasa alcanza el 37 por ciento en Extremadura y se sitúa en torno al 50 por ciento en Ceuta y Melilla. Otras comunidades con cifras elevadas son Andalucía, con un 36,9 por ciento; Murcia, con un 34,4 por ciento; Canarias, con un 33,5 por ciento; y Asturias, con un 32,5 por ciento. En estas autonomías, uno de cada tres niños, niñas y adolescentes vivía en situación de pobreza relativa, ya antes de la crisis de la COVID-19.
Las desigualdades socioeconómicas y en el ámbito digital no solamente se observan entre familias con más y menos recursos, sino también entre distintos territorios. Las diferencias entre comunidades o entre zonas urbanas y rurales son también una fuente de desigualdad de oportunidades: el lugar de residencia de las familias determina también sus oportunidades laborales, educativas y de acceso a la vivienda y a la tecnología.
Además de la tasa de pobreza, el indicador AROPE de riesgo de pobreza y/o exclusión social también analiza la carencia severa de material y la intensidad de empleo en los hogares. De esa forma, en el primero de los casos, dentro de una horquilla que oscila entre menos del 1,5 por ciento (cifra mínima) a más del seis por ciento (cifra máxima), Castilla y León se localiza entre la zona comprendida entre el 1,5 y el tres por ciento, al igual que Aragón.
A la contra, las tasas de carencia material severa más elevadas se observan en Castilla-La Mancha, con un 13,7 por ciento, y Cataluña, con un 8,2 por ciento. Ello indicaría que, en estas comunidades, si bien las tasas de pobreza relativa no son tan elevadas como en otras, sí que albergan importantes bolsas de pobreza infantil.
Por lo que se refiere a la intensidad del empleo, el informe desgrana que Castilla y León registra unos porcentajes comprendidos entre el cuatro y siete por ciento, unos datos que muestran como la escasez de empleo se convierte en un problema en toda España, pero más acuciante en Ceuta y Melilla, pero también en regiones como Andalucía, Asturias o País Vasco, donde más del diez por ciento de los niños pertenecen a familias en las que el sustentador principal no tiene empleo o se ve afectado por una baja intensidad de empleo.
El entorno, en función de si es urbano o rural, también puede determinar las oportunidades de las familias, incluso dentro de una misma comunidad autónoma. Y es que, según la tasa de pobreza en función del grado de urbanización del lugar de residencia de los niños, niñas y adolescentes, se observa cómo ésta es mayor a medida que se reduce el tamaño de la población, siendo la diferencia de casi tres puntos porcentuales entre las zonas más pobladas y las menos pobladas.
Vivienda y ocupación hogares
Entre las principales consecuencias de la desigualdad económica se encuentran las dificultades de algunas familias para pagar los gastos de su vivienda. Al respecto, la Comunidad registra un 19,4 por ciento de niños, niñas y adolescentes en hogares con sobrecarga del alquiler o la hipoteca.
Una problemática que empeora hasta el 30 por ciento en Melilla y en Islas Baleares, donde asciende a un 35,8 y 35,4 por ciento, respectivamente. A estas autonomías les siguen Asturias, con un 26 por ciento; Madrid, donde es del 24,7 por ciento; Ceuta, con el 24,2 por ciento; Cataluña, con el 23,4 por ciento; y la Comunidad Valenciana, con el 20,4 por ciento. En cambio, el resto de comunidades autónomas se situaría por debajo, con La Rioja (7,8 por ciento) y Aragón (7,4 por ciento) en el lado opuesto.
Por otro lado, la tasa de disminución de la ocupación ha sido muy distinta en función de la comunidad autónoma, ya que mientras la reducción media de la ocupación en los hogares con niños, niñas y adolescentes, ya sean monoparentales, monoparentales o con dos adultos ocupados antes de la crisis ha sido del 8,9 por ciento en España, Castilla y León se posiciona por debajo de la media nacional, con un 6,9 por ciento, según los datos entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo de 2020.
Esta tasa de variación oscila según los territorios, entre el 1,9 por ciento en Extremadura hasta el 16,2 por ciento en Canarias, una diferencia de más de 14 puntos porcentuales. Además, se analiza cómo se ha distribuido la pérdida de ocupación de las familias analizadas entre comunidades autónomas, en las se incluye también el peso que representaba la ocupación de las familias de cada comunidad sobre el total del país antes de la crisis.
Así, se observa cómo Castilla y León se localiza en el séptimo lugar, con un 3,6 por ciento, superado por Castilla-La Mancha y Canarias, con un peso de prácticamente el siete por ciento cada una; Comunidad Valenciana y Cataluña, con un peso de en torno a los 13 puntos porcentuales cada una.
En la cúspide se posicionan Andalucía y Madrid, que son las comunidades con una mayor proporción de familias que se han visto afectadas por la reducción de la ocupación, con un peso que se encuentra por encima de los 20 puntos porcentuales cada una. La reducción del empleo de las familias analizadas en el resto de las comunidades autónomas representaría menos del cuatro por ciento para cada una de ellas.
Soluciones
Unicef expuso que la hoja de ruta que debe orientar los esfuerzos de España en la recuperación es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyos objetivos están más vigentes que nunca. El Gobierno, recordó, ya ha reconocido y asumido este camino, lo que se ha reflejado en el Informe de Progreso 2020: Reconstruir lo Común, donde se establecen las prioridades para que las bases de la reconstrucción permitan avanzar hacia un país más justo y sostenible.
Las siguientes recomendaciones de políticas públicas ponen el foco en las medidas más relevantes para revertir las condiciones de mayor vulnerabilidad que enfrentan los niños y las niñas, y que se convierten en medidas urgentes en el marco de la crisis que enfrentamos en la actualidad.
Al tomar como referencia las últimas Observaciones finales a España del Comité de los Derechos del Niño y el Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos (Naciones Unidas, 2020)13, ya antes de la pandemia, era “urgente abordar los problemas” de asignación de recursos, la no discriminación, el nivel de vida, la educación, los niños privados de un entorno familiar y víctimas de violencia, los niños y niñas solicitantes de asilo y refugiados, y los niños y niñas migrantes no acompañados, apuntaron.
