Hace unos días, saltó la noticia de que el Ministerio de Defensa izaría a media asta la bandera de España en todos los cuarteles militares como luto por la muerte de Cristo. Una medida que comenzó este Jueves Santo a las 14 horas y que finalizará el próximo Domingo de Resurrección a las 00:01 horas.
Esto ya se hizo el año pasado, algo que hizo preguntarse a Daniel Lázaro, charro y actualmente estudiante de Derecho en la Universidad de Salamanca, si esto se podría realizar dado el carácter aconfesional del Estado español, motivo por el que decidió interponer una queja al Defensor del Pueblo.
Sin embargo, y pese a que la institución que supervisa la actividad de la Administración coincide en la argumentación de Daniel, el Ministerio de Defensa los ha desoído y la bandera se encuentra ondeando a media asta en todos los cuarteles.
Daniel cuenta a SALAMANCA24HORAS cuáles fueron los motivos que le llevaron a plantear esta queja y habla de cómo evolucionará el expediente que tiene abierto el Defensor del Pueblo.
¿Por qué planteaste la queja?
La idea surgió el año pasado por estas mismas fechas. Aún no había empezado a estudiar Derecho siquiera. La noticia de que el Ministerio de Defensa iba a enarbolar a media asta la bandera nacional en todos los acuartelamientos saltó a los titulares de los medios de comunicación nacionales y a la televisión y pensé que era buena idea interponer una queja ante el Defensor del Pueblo, institución que supervisa la actividad de la Administración y responde a la queja que cualquier ciudadano le plantee en relación a los derechos fundamentales que la Constitución nos reconoce a todos.
Pese a que incluso el Defensor del Pueblo cuestiona la propia orden del Ministerio de Defensa, las banderas ondean a media asta desde este Jueves Santo. ¿Lo consideras una provocación o un intento de muestra de poder el Gobierno?
Sinceramente, ni una cosa ni la otra. El Ministerio ha venido sosteniendo todo el tiempo que no solo ha ordenado izar así la bandera estos dos años y que, a excepción de 2010 y 2011, se ha hecho siempre. Independientemente de eso, que lo desconozco, el hecho tiene un marcado carácter religioso del que se debe prescindir. Cada cual puede manifestarse personalmente ante el hecho religioso de la manera que quiera, faltaría más. El problema viene cuando las creencias personales se intentan trasladar al ámbito del Estado, impregnando lo público. Es entonces cuando todos los ciudadanos nos vemos involucrados.
La ciudadanía, y no me refiero a este tema únicamente, sino en nuestro día a día, debe ser exigente a la hora de interesarse y fiscalizar el funcionamiento de los poderes públicos. Que exista una buena Administración que responda al interés de toda la sociedad nos debe preocupar a todos. Son servidores públicos, con independencia de la ideología que legítimamente cada uno de ellos tenga.
¿Puede llegar a ser más como un acto de respeto a una festividad cultural arraigada entre la gran parte de la sociedad española y, especialmente, entre los cuerpos militares?
Es lo que muchos sostienen, pero verdaderamente no lo creo, y parece ser que el Defensor del Pueblo tampoco. La Constitución, en su artículo 16, reconoce la libertad ideológica, religiosa y de culto del individuo y deja claro que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Es cierto que también dice que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia y el resto de religiones. Es lo que, entre otras cosas, nos diferencia de Estados laicos de nuestro entorno como Francia, Alemania, Irlanda o Italia.
En base a esto, el Estado tiene relaciones con las diferentes confesiones de nuestro país, no solo con la Iglesia católica. En esto se fundamenta el famoso concordato con la Santa Sede del que tanto hablan nuestros políticos o la casilla de la declaración de la renta.
El Reglamento de Honores Militares de 2010 contempla a este respecto la posibilidad de que escoltas o piquetes de militares y guardias civiles voluntariamente participen en celebraciones religiosas con tradición castrense. En la Semana Santa de nuestra ciudad lo vemos en no pocas procesiones. No es ese el problema ni el motivo de mi queja. La decisión de enarbolar la bandera en señal de luto por motivos religiosos es un paso más. La misma norma lo deja claro: el símbolo que nos representa a todos debe ondear a media asta en los cuarteles si el Gobierno declara luto nacional, ante la muerte de militares en acto de servicio, o ante el fallecimiento del rey, del príncipe y de otros altos cargos del Estado.
Tú, ¿en qué manera crees que España deja de ser un estado aconfesional cuando realiza oficialmente actos como el que comentamos?
La aconfesionalidad se resquebraja en el momento en que el Estado promueve prácticas que puedan provocar entre una parte de la sociedad el sentimiento de que el Estado es más cercano a otros conciudadanos por motivos religiosos. La aconfesionalidad implica una visión más exigente de la libertad religiosa: implica la neutralidad de las instituciones frente a las distintas confesiones y, más en general, ante el hecho religioso.
Las Fuerzas Armadas deben ser las Fuerzas Armadas de todos, simplemente eso. Están llamadas a identificarse con la sociedad española de la que forman parte y a la que sirven, y a respetar la neutralidad religiosa, como cualquier otra institución española.
Dar mayor a unas religiones sobre otras, ¿podría llegar a ser un acto discriminatorio?
La cuestión no es dar más protagonismo a unas que a otras. El problema es que el Estado dé protagonismo a una religión. La mayor muestra de respeto a todas las confesiones y a quienes las practican es que el Estado se aleje de este tema.
Vuelvo a repetir, porque es importante que quede claro, que el problema no son las creencias de cada cual, que pueden ser las que se quiera: sería ridículo discutir esa afirmación, pues es una mera cuestión de tolerancia y libertad. El problema es cuando lo religioso y lo civil se mezclan. Debería resultar obvio que ningún español debe sentirse más o menos cercano a los poderes de su Estado por su no adscripción a credo alguno o por el profesamiento de otro distinto al cristiano.
¿Cómo podría resolverse el expediente? En qué podría terminar esta queja, por decirlo de otro modo.
Según me consta, el Defensor está a punto de dictar una resolución definitiva. Imagino que, como ya ha hecho, se posicionará en contra de la decisión y para ello se basará en los argumentos en que lo viene ya haciendo: que considerando los principios de nuestro sistema político, basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa y en la aconfesionalidad del Estado, es más adecuado a la lógica de un Estado aconfesional prescindir de unos honores fúnebres militares con elementos de marcado significado religioso. Ahora bien, seguramente todo quede en agua de borrajas, porque las actuaciones del Defensor del Pueblo no son vinculantes y que el Ministerio de Defensa asuma y sigua la recomendación queda a decisión del propio Ministerio. Desgraciadamente, dudo que rectifiquen.
