FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Apple Retail Spain SL, la filial española de Apple por un fallo de diseño en los Macbook Pro que obliga a gastar 600 dólares (más de 500 euros) en su reparación.
Según han revelado distintos medios de comunicación, los modelos posteriores a 2016 tienen un cable de conexión con la pantalla que, al pasar por las bisagras que la unen con el resto del equipo, sufre un desgaste cada vez que se abre o se cierra el portatil y puede terminar rompiéndose, comentan en su página web.
Debido a una decisión de diseño de la compañía, la sustitución de este cable, que costaría apenas unos cinco euros, resulta imposible por la manera en que está conectado. De esta forma, se hace obligatorio cambiar toda la pantalla del equipo para poder emplazar un cable nuevo, lo que eleva el coste de reparación en más de 500 euros.
FACUA considera que Apple podría estar incurriendo en un caso de práctica comercial desleal, ya que al existir este fallo en el diseño de los Macbook Pro la empresa no sólo obtiene beneficios de la venta de los mismos, sino también de su reparación.
Así, la asociación recuerda que la Ley de Competencia Desleal entiende "leal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aún siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinarios", entra las que incluye "la necesidad de un servicio o de una pieza, sustitución o reparación".
De igual forma, la Ley 11/1988 de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid, donde tiene su sede social Apple Retail Spain SL, considera infracciones "las prácticas comerciales desleales con los consumidores de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable".
FACUA, además, manifiesta que dicha conducta podría suponer una grave lesión al interés económico de los consumidores debido al alto precio de la reparación, si se tiene en cuenta además que es un defecto que puede surgir en la totalidad de los equipos.
La asociación, por tanto, considera que la infracción podría llegar a ser considerada como muy grave y, tal y como recoge el artículo 53.1 de la Ley 11/1988, la sanción está establecida en hasta 600.000 euros, pudiendo superar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos objeto de la infracción.
