El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto que establece un sistema de cobertura para el arrendador que haga frente a eventuales impagos de rentas, daños en viviendas o costes de suministros en contratos de alquiler.
Se trata de una medida, según ha hecho público el Ejecutivo, que será gestionada por la Junta de Castilla y León, en el caso de nuestra comunidad, y que tiene como objetivo el facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad.
No obstante, las personas que quieran acogerse a esta cobertura deberán cumplir los siguientes requisitos: firmar contratos con los colectivos mencionados, aplicar una renta que no supere el índice estatal de referencia, depositar la fianza legal obligatoria y sus actualizaciones, y suscribir con el inquilino el compromiso relativo al aval según el modelo aprobado por la Administración. Además, las comunidades autónomas podrán añadir criterios propios si lo consideran necesario.
Entre las compensaciones incluidas se incluye el impago de rentas, daños ocasionados en la vivienda y cortes de suministros pendientes, siendo beneficiarios de esta medida los arrendadores que cumplan los requisitos y, en su caso, las comunidades autónomas que opten por suscribir un seguro con ellos.
Por último, la cobertura se aplicará solamente a contratos de alquiler vigentes a fecha de 30 de enero de 2025.
