Las concejalas del Grupo Mixto, Virginia Carrera (IU) y Carmen Díez (Podemos), presentarán este viernes en el Pleno municipal una moción instando al Gobierno de la nación a que impulse una ley de mínimos que regule el funcionamiento de las residencias y centros de día de personas mayores o con discapacidad en España.
La moción se ha presentado a iniciativa de la plataforma YAY@GAITAS de Salamanca, adherida a la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), plataforma que tiene como objetivo primordial la defensa del sistema público de pensiones, su suficiencia y la eliminación de la brecha de género en sus prestaciones, que afecta, mayormente, al sector de personas jubiladas y mayores, pero sin olvidar que esta defensa va íntimamente ligada a la de la atención socio-sanitaria y habitacional de este sector.
La moción en cuestión, indican desde el Grupo Mixto, plantea la elaboración de un informe público sobre la situación de las residencias y centros de día de Personas Mayores o con discapacidad presentes en la ciudad, así como Instar al Gobierno de la nación para que impulse la tramitación de una ley de mínimos que regule el funcionamiento de las residencias y centros de día de personas mayores o con discapacidad en España.
El objetivo que se persigue al plantear esta moción ante el Pleno no es otra que la de conocer el número de personas afectadas y fallecidas por el Covid-19 o síntomas compatibles, la posible vulneración de derechos de las personas residentes y sus familiares, en el tratamiento y atención que en estos centros se les ha prestado. También, si se usaron los protocolos sanitarios establecidos legalmente y, por último, conocer la posible vulneración de los derechos del personal trabajador de estos centros, en cuanto a medios puestos a su disposición, causas de sus contagios, realización de test o pruebas de detección, nivel de cobertura de las ratios de personal que establece la vigente legislación sobre autorización y funcionamiento de los centros residenciales, jornadas de trabajo por encima del tiempo que establece sus contratos y si se han realizado contrataciones suficientes para sustituir al personal que tuvo que darse de baja.
Este virus ha impactado gravemente sobre las residencias de mayores. La tasa de mortalidad ha sido escandalosa: han fallecido 14.000 personas ancianas en residencias, lo que supone el 67% del total de víctimas. El virus también ha tenido efectos sobre el personal que trabaja en estos centros, constituido en un 90% por mujeres precarizadas.
Según Virginia Carrera, en Castilla yLeón la mitad de las personas con mayor grado de dependencia que vivía en una residencias de Castilla y León ha fallecido por el coronavirus. "Dentro de nuestras residencias han fallecido oficialmente por coronavirus de 1.577 personas dependientes en nuestra Comunidad. Es necesario y urgente un cambio en el modelo sociosanitario y la creación a nivel nacional de un sistema de acreditación que garantice la calidad de este servicio", afirma la concejala.
