La asociación JUCIL, mayoritaria entre los guardias civiles, ha reiterado sus principales demandas en la provincia de Salamanca, centradas en la equiparación salarial con las policías autonómicas, la implantación del turno 6x6, una jubilación digna y equiparada con otros cuerpos policiales, el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo, así como más medios humanos y materiales para garantizar la seguridad ciudadana.
Estas reivindicaciones forman parte del programa con el que JUCIL concurre a las elecciones del Consejo de la Guardia Civil, un órgano colegiado en el que están representados tanto los miembros del cuerpo como la Administración General del Estado. Actualmente, la asociación cuenta con seis de los treinta representantes que integran el Consejo.
La secretaria provincial de JUCIL en Salamanca, Sonia Valverde Diego, ha denunciado la situación de precariedad que vive la Guardia Civil en la provincia. “Atendemos un territorio muy extenso con plantillas insuficientes y cada vez más envejecidas”, señala. A ello se suma, según Valverde, la creciente escasez de personal en distintas unidades debido al traslado de efectivos a otras provincias y a la ocupación de vacantes que no se sacan a concurso, lo que agrava aún más el problema.
Otro de los puntos críticos destacados por la asociación es el estado de deterioro de varios acuartelamientos. En Ciudad Rodrigo, denuncian un considerable retraso en la construcción de nuevas instalaciones. En los cuarteles de Villavieja de Yeltes y Rollán, las obras de remodelación se prolongan, obligando a los agentes a trabajar en dependencias provisionales.
Valverde insiste en que la equiparación salarial con los cuerpos autonómicos es una “deuda histórica”. “Un guardia civil cobra 8.251 euros menos al año que un mosso, y hasta 12.000 euros menos que un ertzaina, pese a realizar las mismas funciones”, subraya. También denuncia que la edad de jubilación de los guardias civiles es seis años mayor que la de policías locales o autonómicos, con una pérdida significativa de poder adquisitivo.
Además de las mejoras laborales, JUCIL reclama un mayor respaldo institucional por parte de las autoridades. “El principio de autoridad está en franco retroceso. Necesitamos un respaldo jurídico más sólido. Algo no funciona cuando una asociación profesional defiende más a la Guardia Civil que sus propios superiores o representantes políticos”, concluye Valverde.
