Las principales asociaciones de jueces y fiscales de España, con la excepción de las de corte progresista, han anunciado una huelga de tres días para los días 1, 2 y 3 de julio en protesta por las reformas planteadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Las medidas en cuestión afectan el acceso a ambas carreras y el futuro del Ministerio Fiscal, especialmente en lo que respecta a la adaptación al nuevo modelo del proceso penal, que transferiría la instrucción de los jueces a los fiscales.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) son las organizaciones que respaldan este paro. Además de la huelga, han convocado una concentración el próximo 28 de junio frente a la sede del Tribunal Supremo.
Este anuncio se produce un día después de que consultas internas revelaran que más del 80% de los miembros de estas asociaciones apoyan la medida de fuerza. Esta decisión sigue a un paro de diez minutos convocado el 11 de junio en sedes judiciales de todo el país, que, según los convocantes, registró un "éxito masivo" con más del 70% de adhesión.
Un manifiesto contra la "amenaza" a la independencia judicial
En el manifiesto leído durante el paro del 11 de junio, las asociaciones advirtieron que la "independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas".
Se refirieron específicamente al proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal, que recientemente superó su primer examen en el Congreso de los Diputados, y al anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).
Las asociaciones han alertado que estas reformas, enmarcadas en una serie de cambios más amplios, buscan "convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales".
Critican que la reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal "rebajará la excelencia de conocimientos", eliminando contenido esencial y "introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración". También han censurado medidas como la "de meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces" y la pretensión de "crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país".
Asimismo, reprochan al Ejecutivo que use "falsamente a Europa como excusa" para modificar la base de ambas carreras, "convirtiendo en jueces y fiscales a mil trescientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño".
Críticas al aumento de competencias del Fiscal General y la "deslegitimación"
En el marco del manifiesto, las asociaciones también expresaron su firme oposición al anteproyecto de ley que reforma la Fiscalía. Argumentan que "se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado", quien "seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo".
Subrayan que esto, "sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción".
Las firmantes lamentan que todas estas reformas tengan lugar en "un ambiente de continuo ataque al Poder Judicial y de descrédito de la Fiscalía", con declaraciones políticas que "deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos".
Por su parte, cuando las asociaciones anunciaron la convocatoria de paro el pasado 23 de mayo, el ministro Félix Bolaños aseguró que los "temores" de las asociaciones eran "infundados". Bolaños ha defendido en todo momento que estas reformas son "imprescindibles" para avanzar hacia una "Justicia del siglo XXI", recordando que la reticencia al cambio en los togados es algo "habitual".
