La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, abre el plazo de solicitud del bono digital para contratar nuevos servicios de conexión a banda ancha y también para mantener los ya contratados. Se apuesta una vez más por una ayuda que va destinada a los colectivos más vulnerables, ya que esta convocatoria está dirigida a los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) o el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
La gran novedad de este 2024 está en que la ayuda llega también a los mayores de 65 años, con la condición de que el domicilio de la instalación de la solicitud esté ubicado en municipios de menos de 20.000 habitantes que no formen parte de un Área Urbana Funcional. Se busca así llegar al medio rural, una prioridad de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, para facilitar la vida de los habitantes de los municipios de la Comunidad.
El objetivo es lograr que estos colectivos se doten de nuevas conexiones de banda ancha fija en sus domicilios o mantengan las existentes, en todo caso con un mínimo de 30 megabits por segundo (mbps).
Para llevar a cabo esta iniciativa, financiada con Fondos Europeos Next Generation, se cuenta con un presupuesto total de 749.520 euros, que se repartirán en bonos anuales de 240 euros por beneficiario, reduciendo en 20 euros al mes el coste total del servicio, IVA incluido, sobre la factura. El servicio deberá ser prestado, únicamente, por uno de los operadores-colaboradores que se han inscrito en el ámbito de Castilla y León, actualmente Telefónica y Vodafone, ambas de España.
El plazo de solicitud comienza el 14 de septiembre y se prolonga hasta el 15 de octubre. Los que sean finalmente beneficiarios de este bono digital tendrán un mes, a contar desde la fecha de notificación de la resolución de reconocimiento, para contratar el servicio o mejorar las prestaciones del existente y mantenerlo como mínimo durante un año.
Las solicitudes podrán presentarse tanto de forma presencial como telemática, ésta última a través de la sede electrónica de la Administración autonómica.
