La Junta de Castilla y León prevé este año un límite máximo de 40 millones de euros para la línea de garantías 'Mi primera vivienda', que busca favorecer el acceso a la vivienda de jóvenes en régimen de propiedad, aunque el crédito podría ser ampliado. A través de la empresa pública Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) otorgará los avales de hasta el 17,5 por ciento del denominado Valor de Referencia utilizado para la formalización del préstamo.
Así lo recoge la orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio del pasado viernes, 19 de mayo, que publica este martes el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), lo que permite su entrada en vigor este martes. De hecho, el consejero, Juan Carlos Suárez-Quiñones, participa en la firma del acuerdo entre la Junta y las entidades financieras para la concesión de garantías destinadas a facilitar el acceso de jóvenes a la vivienda en régimen de propiedad.
Los requisitos de acceso son que los solicitantes, así como las que integren la unidad de convivencia, posean la nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o cuenten con residencia legal en España; que tengan una edad igual o inferior a 35 años, y que el conjunto de rentas de las personas solicitantes y de las que integren la unidad de convivencia, no superen el límite de cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (en adelante IPREM).
La garantía será compatible con cualquier otra ayuda a la adquisición de vivienda siempre que no exceda del 100 por 100 del coste de la operación y así lo permita la normativa reguladora de las ayudas y el derecho de la Unión Europea. El plazo de presentación de las solicitudes comienza el día siguiente al de la publicación de esta orden en el Boletín oficial de Castilla y León hasta el 15 de diciembre de 2023, excepto que con anterioridad se haya agotado el importe máximo destinado a la línea de garantía.
Finalmente, Somacyl pondrá a disposición de las Entidades Financieras un importe total máximo de dos millones de euros, equivalente al cinco por ciento del saldo vivo de las garantías otorgadas en cada momento, en proporción al importe de las hipotecas que acogidas a esta línea de garantías sean suscritas ante cada entidad financiera.
