La Junta de Castilla y León contabiliza 46 viviendas en siete de las nueve provincias que están ocupadas ilegalmente y cuya titularidad la corresponde, ya que gestiona un total de 6.457 casas en régimen de alquiler y de compraventa, de las que también tiene 84 pendientes de adjudicación.
El mayor número de esta ocupación ilegal se encuentra en Burgos, en concreto en la localidad de Aranda de Duero (21), sigue Ávila (8 casos) y León y Palencia, con seis en ambas provincias. Dos en Segovia, en tramitación el expediente de desahucio, y las mismas en Valladolid. Una en Ciudad Rodrigo (Salamanca), en trámites para recuperarla.
Son los datos remitidos por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio a las Cortes, conocidos por Ical, en los que también informa de las viviendas de promoción pública sin adjudicar, del total de viviendas en régimen de alquiler y de compraventa que gestiona y de las deudas pendientes de abono a comunidades de vecinos.
En concreto, la ocupación ilegal de viviendas de protección afecta a siete de las nueve provincias, excepto a las de Soria y Zamora en las que no se contabiliza ningún caso en este momento. El departamento dirigido por Juan Carlos Suárez-Quiñones explica que cuando tienen noticia de un caso se evalúa la situación y medidas que se pueden adoptar por los Servicios Jurídicos de la Comunidad.
Entre esas medidas, están cómo proceder a la entrada en la vivienda y al lanzamiento del inmueble ocupado ilegalmente ante, como advierte la Consejería, las dificultades que para el ejercicio de estas acciones derivan del marco normativo vigente en materia de atención a situaciones de falta de vivienda y de riesgo de exclusión social.
“Es un dato irrisorio e irrelevante, en vez de atacar la falta de un parque público de vivienda distraen la atención con campañas partidistas del PP y a rebufo de la ultraderecha”, explica el portavoz de Vivienda del Grupo Socialista, José Luis Vázquez, en referencia a la puesta en marcha por la Junta de una oficina antiocupación, para quien los datos facilitados por la Consejería “son sangrantes” por su baja incidencia para atajar el problema habitacional en la Comunidad.
Como resumen, Vázquez resalta la falta de planificación de la Junta que tiene la competencia en vivienda, la ausencia de un parque público de alquiler y la “especulación” con los precios al elevarlos en sus ordenes hasta, en algunos casos, en un 40 por ciento, a la vez que acusa al departamento de Suárez-Quiñones de incumplir la ley estatal.
Pendiente de adjudicar
Por otro lado, un total de 84 viviendas de promoción pública se encuentran pendientes de adjudicación, en unos casos ofrecidas y pendientes de aceptación, en trámites o en la mayoría de los casos por reparaciones. Burgos y Salamanca son las provincias donde hay más pendientes de ofrecer. Son 18 en ambos casos, localizadas en la burgalesa localidad de Aranda de Duero y en las salmantinas de Béjar (11) y Ciudad Rodrigo (3), que computan la mayoría.
Otras 16 se localizan en Palencia, diez en la capital y dos en Guardo, entre otras. Sigue León con nueve pendientes, de ellas tres en Villamanín y dos en Ponferrada. Nueve pendientes en Valladolid, cuatro en la ciudad y dos en Tordesillas. En Soria, son seis, con dos en la capital y las mismas en Monteagudo de las Vicarías. Cuatro contabiliza Zamora, tres en Benavente. Por último, tres en Ávila.
Según los datos facilitados por la Consejería a preguntas del Grupo Socialista, la administración autonómica gestiona un total de 6.457 viviendas de protección pública, de ellas 3.092 corresponden a régimen de alquiler y 3.365 a régimen de compraventa. En ambos apartados, el mayor número se localizan en Valladolid y el menor en Segovia y Soria. Salamanca ocupa el segundo lugar en inmuebles en alquiler y León en los de compraventa.
En relación a las deudas económicas de viviendas de protección pública correspondientes a comunidades de vecinos en los años 2022, 2023 y hasta abril de 2024, se elevan a un total de 117.952 euros, de los que 45.565 euros (38,6 por ciento) son en Valladolid, en concreto 29.162 euros en localidades de la provincia y 16.403 euros en la capital.
Los abonos pendientes corresponden a siete de las nueve provincias, en un apartado en el que están libres Burgos y León. Tras Valladolid, sigue Soria (26.022 euros), Segovia (16.859 euros), Palencia (14.426 euros) y Salamanca (10.349 euros). En Zamora y Ávila las cantidades son más modestas.
