Aumenta el número de conductores que circulan por las carreteras de Castilla y León sin el seguro obligatorio continúa en ascenso, una tendencia preocupante que también afecta a Salamanca. Los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) revelan un incremento del 35,3% en las sanciones por este motivo en la Comunidad desde 2015, alcanzando las 11.217 multas contabilizadas en 2023. Esto se traduce en una media de más de 30 multas diarias impuestas a los denominados "conductores zombis" en la región.
En Salamanca, la situación es igualmente relevante, con 1.097 multas tramitadas en 2023 por circular sin seguro, lo que la sitúa como la quinta provincia de Castilla y León con más infracciones de este tipo.
De forma paralela al aumento de las sanciones, los accidentes provocados por estos vehículos sin asegurar también se han incrementado, aunque en menor medida. Según el Consorcio de Compensación de Seguros, entidad pública encargada de indemnizar a terceros en siniestros con vehículos no asegurados, en 2024 se registraron 209 accidentes en Castilla y León, un 33,1% más que en 2023.
En el caso específico de Salamanca, la provincia contabilizó 32 siniestros de este tipo el pasado año, siendo la tercera con mayor número de incidentes, solo por detrás de Valladolid (51) y León (43).
A pesar de este aumento en el número de accidentes, las indemnizaciones pagadas y provisionadas por el Consorcio han descendido considerablemente. Si en 2021 superaron los 1,5 millones de euros, en 2024 la cifra se redujo a 584.410 euros, y en 2023 rondó los 950.000 euros.
A nivel provincial, León encabeza la lista de multas con 2.203, seguida de Valladolid (1.944), Burgos (1.721), Segovia (1.375) y Salamanca (1.097). Por debajo del millar se encuentran Zamora (920), Ávila (814), Palencia (613) y Soria, con la cifra más baja (530).
En cuanto a los siniestros, Valladolid lidera con 51, seguida de León (43), Salamanca (32), Burgos (29) y Segovia (13). En el extremo opuesto se sitúan Palencia (7), Soria (9), Ávila (9) y Zamora (12).
El Consorcio de Compensación de Seguros, aunque asume las indemnizaciones a terceros, no renuncia a recuperar las cantidades desembolsadas. El ente estatal tiene la facultad de reclamar judicial o extrajudicialmente contra el conductor y el propietario del vehículo no asegurado para lograr el resarcimiento. Para cubrir estas indemnizaciones, las aseguradoras destinan un 2% del coste de todas las primas suscritas por vehículos a un fondo gestionado por el Consorcio, lo que implica que los conductores asegurados costean indirectamente los daños causados por quienes circulan sin póliza.
Ser sorprendido sin el seguro obligatorio conlleva graves consecuencias. Inmediatamente se procede al precinto público o domiciliario del vehículo hasta que se contrate el seguro. Además, las sanciones económicas oscilan entre los 601 y los 3.005 euros, una cuantía que se determina en función de factores como si el vehículo circula habitualmente, el tipo de servicio al que está destinado, la gravedad del perjuicio causado, la duración de la falta de aseguramiento o la reiteración de la infracción.
Otra consecuencia directa es la inmovilización del vehículo, que puede extenderse entre uno y tres meses en caso de reincidencia. El propietario deberá asumir los gastos de depósito o precinto, y para levantar la inmovilización, deberá demostrar que ya cuenta con el seguro correspondiente y haber abonado dichos gastos. En casos extremos, si el propietario no paga el depósito, el vehículo puede ser requisado hasta por un año, y el propietario no podrá conducir ningún otro coche en territorio nacional durante ese tiempo.
Ante este panorama, la DGT y las autoridades de tráfico insisten en la importancia de cumplir con la obligatoriedad del seguro para garantizar la seguridad vial y evitar severas consecuencias legales y económicas.
