Las organizaciones Ceoppan (panadería), Cedecarne (carnicería) y Fedepesca (pesca) han emitido un manifiesto conjunto urgiendo al Gobierno a establecer una moratoria mínima de dos años en la aplicación obligatoria del nuevo sistema de facturación electrónica VeriFactu. Este sistema exige a autónomos y microempresas el uso de software certificado y la transmisión segura e inmediata de datos a la Agencia Tributaria.
Según las patronales, si bien comparten el objetivo de transparencia fiscal, la implementación "precipitada" e "inmediata" de VeriFactu es un desafío insuperable para el tejido artesano y tradicional español, caracterizado por sus recursos humanos y económicos limitados. La carencia de conocimiento técnico y legal, los elevados costes de adaptación de hardware y software, y la falta de ayudas específicas, hacen que estos sectores "no estén todavía en condiciones de afrontar con garantías" su entrada en vigor, lo que podría poner en riesgo "la viabilidad de miles de establecimientos".
Como medida correctora, además de la moratoria hasta 2028, proponen un plan de choque que incluya exoneraciones para mayores de 60 años, flexibilidad para colectivos vulnerables y deducciones fiscales para paliar la inversión. Las organizaciones solicitan la colaboración del Gobierno para elaborar este plan, con foco en el apoyo económico, técnico y formativo, buscando garantizar que la digitalización fiscal sea compatible con la supervivencia de estos sectores, esenciales para la cohesión social y la vida de barrio.
