La portavoz de Justicia del GPP, María Jesús Moro, ha llamado este jueves a “no sembrar la duda haciendo dejación de la principal función constitucional de las asociaciones, como es la defensa de los fiscales, para asumir una postura ideologizada con marchamo sindicalista, de prejuicio y ajena al rigor que corresponde al papel atribuido al Ministerio Público en nuestro ordenamiento jurídico, porque con ello hace un flaco favor a los miles de competentes profesionales que tienen como objetivo imperativo la defensa de la legalidad”.
Tras la reunión del Consejo Fiscal, reunido también la víspera, para cumplir con las competencias que la Ley le atribuye, Moro ha querido subrayar en primer lugar “nuestro máximo respeto al trabajo y a las decisiones adoptadas por el Consejo Fiscal”, al tiempo que ha solicitado que, de igual manera, esta actitud sea también “la actitud de otros grupos políticos, porque ello contribuye al correcto funcionamiento del sistema de justicia y al adecuado desempeño de funciones de los fiscales que tienen a su disposición todos los instrumentos jurídicos, y que conocen mejor que nadie como garantes del cumplimiento de la ley, para preservar su autonomía en el ejercicio de sus funciones”.
“No resulta compatible la reiterada petición de máxima autonomía e independencia de la justicia”, ha advertido, “para luego no respetar las reglas de juego de nuestro Estado de Derecho”.
Por estas razones, ha invitado a los grupos políticos a hacer una reflexión “para actuar con la ejemplaridad que nos es exigible y evitar comportamientos que, dirigidos a desgastar al Gobierno y al PP, lo que provocan es un desprestigio de las instituciones y del sistema de justicia y de sus profesionales”.
Moro ha alertado contra el hecho de que “sean precisamente fiscales los que dejen de lado el rigor que debe caracterizar su actuación objetiva en el Consejo Fiscal, más allá de que legítimamente expresen un criterio distinto en el seno del mismo, y den por buenas, como prueba irrefutable y con inexorable e interesada relación de causalidad, supuestas conversaciones de terceros respecto a un fiscal cualificado y de intachable trayectoria profesional, para auto adjudicarse el papel de jueces y fundamentar en ello el cese del Fiscal Anticorrupción, cuando la verdadera razón es que no fue el candidato que defendieron en su momento”.
Finalmente, la portavoz popular de Justicia ha apelado “a la responsabilidad de todos” porque “con estas actitudes se causa un importante daño a los profesionales y, lo que es más importante, a la confianza y credibilidad en la Justicia y en las instituciones por parte de los ciudadanos”.
