González Gago ha defendido en las Cortes el Proyecto de Ley de modificación de la Ley Reguladora del Juego y de las Apuestas de Castilla y León, un Proyecto que, al haber sido refrendado por la mayoría de los procuradores del Parlamento autonómico, se ha convertido en una nueva Ley autonómica, cuyo propósito es actualizar una normativa que ha estado en vigor durante 26 años, y en la que, según el consejero de la Presidencia, “era ineludible incluir nuevas medidas normativas adecuadas a la realidad de hoy en día en esta materia”.
El consejero ha explicado cómo, en el proceso de modificación de la Ley, “se ha otorgado una importancia central al diálogo colaborativo entre el Gobierno autonómico y todos los actores clave del ámbito del juego y las apuestas”.
Fruto de este diálogo, el texto legal ha podido ponderar las necesidades y las peticiones del sector empresarial del juego, de las asociaciones de usuarios, de los representantes de los trabajadores y de las administraciones municipales, autonómica y estatal. González Gago ha remarcado la gran importancia de este consenso social, que se ha alcanzado a través de las diferentes reuniones celebradas alrededor de la Mesa de Juego Responsable de Castilla y León.
Como resultado de este consenso, el texto de la modificación parte de dos principios generales: por un lado, consagrar la mayor y mejor protección de las personas vulnerables que puedan verse afectadas por esta actividad, y, por otro, ofrecer seguridad jurídica a este sector empresarial, que ampara unos 2.000 puestos de trabajo en Castilla y León, y que produce importantes ingresos tributarios que revierten en la prestación de los servicios públicos esenciales.
De hecho, una de las modificaciones más llamativas de esta Ley es el establecimiento, por primera vez, del carácter finalista de la recaudación obtenida por la imposición de sanciones, cuyo destino principal será la financiación de programas de prevención y rehabilitación de personas con problemas de adicción al juego, a campañas y a acciones formativas de prevención, y a programas sociales, educativos y de salud pública. El régimen de sanciones y sus importes se han definido normativamente tal y como ya preveía la Ley de 1998.
Administración y sectores del juego, juntos por la protección de las personas vulnerables
El consejero de la Presidencia ha resaltado que “uno de los objetivos prioritarios de esta modificación es profundizar en las políticas de juego responsable, con el fin de crear un entorno de juego más seguro y consciente, y garantizar la debida protección de la salud pública”.
En este sentido, la Ley recoge la intensificación del control de entrada a los establecimientos específicos, que a partir de ahora deberán tener un registro individualizado de los visitantes, y limita absolutamente la visualización de estos establecimientos desde la calle.
Además, se amplía desde los 100 hasta los 150 metros la distancia que debe haber entre cualquiera de estos establecimientos y los centros oficiales de enseñanza reglada. También se fija un nuevo régimen de distancias mínimas de 300 metros entre distintos establecimientos específicos de juego y apuestas, para evitar zonas de saturación.
En cuanto a la promoción, publicidad y patrocinio de la actividad del juego, González Gago ha anunciado que cualquier campaña de este tipo quedará sujeta a autorización administrativa previa, salvo las desarrolladas dentro de los establecimientos específicos o a través de los medios de comunicación especializados.
Por último, destaca la previsión de crear una Comisión Técnica de Coordinación del Juego Responsable en el seno de la Administración autonómica, que tendrá encomendados la elaboración y el seguimiento de la Estrategia de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico, en la cual se abordarán las medidas coordinadas de cara a prevenir el consumo problemático.
A la implantación de estas medidas, se suma el reconocimiento a la independencia del sector del juego para determinar las condiciones de acceso a sus establecimientos (respetando siempre los principios fundamentales de no discriminación), así como para adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la calidad en su funcionamiento. En palabras del consejero, “estas disposiciones se orientan a proporcionar seguridad jurídica a las empresas, promoviendo un ambiente propicio para el desarrollo de su actividad empresarial”.
González Gago ha afirmado que este texto legal “será, sin duda, el más moderno de España” en su ámbito. Tras la publicación en el BOCyL de esta Ley aprobada en las Cortes, deberá transcurrir un plazo de 20 días naturales hasta su entrada en vigor.
