La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha presentado en la mañana de este martes ante expertos internacionales, instituciones y agentes del Tercer Sector Social las principales características del sistema que ultima la Junta para medir y regular la calidad de los centros residenciales de Castilla y León.
La consejera abrió junto al secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Ignacio Álvarez, una jornada organizada por la Junta para intercambiar opiniones y compartir experiencias acerca de la transformación de la política social a la que se enfrentan los países europeos.
En este contexto, Isabel Blanco explicó que su departamento continúa dando pasos en la tramitación de un proyecto de ley de atención residencial, que recoge entre sus principios fundamentales la apuesta por la modernidad y la innovación, al introducir mecanismos para promover y evaluar la calidad de los servicios a partir de estándares europeos y desde un enfoque singular.
Así, frente a los sistemas de medición de calidad tradicionales -basados en la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos de funcionamiento de los centros o en los niveles de acreditación relativos a la aplicación de los protocolos y procesos prestablecidos- el modelo de evaluación por el que apuesta Castilla y León tiene como objeto central la calidad de vida de las personas, lo que implica el respeto a sus derechos y expectativas vitales y su participación en la comunidad.
En este sentido, Blanco afirmó que “una efectiva evaluación de la calidad de los servicios que se prestan debe medir la repercusión de los planes de apoyo en los proyectos de vida de los usuarios teniendo en cuenta sus valores individuales: debe verificar el respeto de todos sus derechos”.
Además, según se destaca desde la Junta, el anteproyecto de ley de atención residencial, elaborado por la Consejería de Familia, contempla la aprobación de una herramienta que permita medir de forma objetiva aspectos como el respeto a la dignidad y libre elección de las personas usuarias de las residencias; la adaptación permanente de los planes de apoyo a sus proyectos de vida; los cuidados personales recibidos y la promoción de hábitos saludables, y los servicios y apoyos para la vida cotidiana.
El procedimiento de evaluación descrito, que se ejecutará de forma continua, dará lugar a una categorización de los centros a partir de parámetros objetivos. Los resultados de los exámenes de calidad se publicarán con periodicidad anual en un informe para que los futuros usuarios puedan elegir con garantías la residencia a la que quieren acudir. Estas notas serán determinantes para que las residencias de titularidad privada puedan acceder a la concertación de servicios con la administración.
Plazos
La construcción completa del sistema de evaluación de calidad requerirá dos años, conforme a los plazos de adaptación previstos en el anteproyecto legislativo. Así, en el primer año desde la entrada en vigor de la ley deberán estar definidos el régimen jurídico, la composición y funcionamiento del órgano asesor, y la dotación de profesionales encargados de realizar las evaluaciones. En los seis meses siguientes se aprobarán los indicadores y estándares de calidad por los que se regirán las evaluaciones y, a continuación, se abrirá otro plazo de seis meses para comenzar a realizar estos exámenes.
Fondos europeos
En el transcurso del debate entre Isabel Blanco e Ignacio Álvarez, ambos responsables se han pronunciado sobre las posibilidades que brindan los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para afianzar esa apuesta por la calidad en la atención social.
Blanco calificó la llegada de estos recursos como una “oportunidad histórica para consolidar el sistema de Servicios Sociales como un verdadero pilar del Estado de Bienestar, para ampliar la cobertura y la calidad de los servicios, así como la dignificación del empleo ligado a los cuidados personales, tanto de imagen como en materia salarial”.
También se ha referido a la ocasión que estos fondos europeos abren para “digitalizar los procesos de atención, mejorar las herramientas de información y comunicación, implementar nuevas tecnologías y desarrollar ayudas técnicas que promuevan la autonomía y refuercen la dignidad de las personas vulnerables”.
La máxima responsable de la política social en Castilla y León ha recordado que esta Comunidad ha configurado ya, en colaboración con el Tercer Sector Social y las entidades locales, un listado de proyectos financiables con los nuevos fondos europeos y aprovechará estos recursos para consolidar el sistema de atención a la Dependencia 5.0, que ha calificado de ejemplo de modernidad y futuro al servicio de la protección de las personas.
