CSIF ha solicitado de manera urgente a la Junta de Castilla y León la puesta en marcha de la jubilación parcial para el personal que trabaja en la Administración General del Estado y en cada uno de sus organismos autónomos. Unos hechos que se remontan a más de un año, desde el 1 de abril de 2025, momento en el que permanecen bloqueadas.
Según ha explicado CSIF, la paralización de este derecho se debe a la reforma del Real Decreto-ley 11/2024, donde se obligaba a contratar al relevista como trabajador indefinido y a jornada completa. De este modo, se ignoraban todas las particularidades del empleo público, excluyendo la jubilación parcial en las administraciones públicas.
Como consecuencia, CSIF acudió a los tribunales y fruto de esta presión, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 19/2026, se adaptaba la regulación al personal laboral de la AGE, permitiendo que tuvieran de nuevo acceso a este derecho mediante fórmulas de contratación compatibles con la normativa de empleo público.
Así pues, la fuerza sindical considera que al haberse desbloqueado a nivel nacional, la Junta debería trabajar por hacerlo a nivel autonómico, exigiendo “la resolución inmediata de las solicitudes de jubilación parcial pendientes desde el 1 de abril de 2025, la aplicación urgente del régimen previsto en el Real Decreto-ley 19/2026, la aprobación de instrucciones de gestión actualizadas que unifiquen criterios en todas las consejerías y organismos autónomos y la adopción de manera inmediata de las medidas necesarias para garantizar este derecho al personal laboral que reúna los requisitos exigidos”.
