Los trabajadores del Centro Penitenciario de Topas se han concentrado este martes, 15 de julio, a las puertas del centro para mostrar su total repulsa por la brutal agresión sexual sufrida por una funcionaria en la prisión de Sevilla II, el pasado 8 de julio.
La protesta, convocada por los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF, se enmarca dentro de una movilización estatal que ha tenido lugar en todos los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
La víctima, una psicóloga del centro de Sevilla II (Morón), fue agredida física y sexualmente por un interno con numerosos antecedentes por violencia y delitos sexuales, que, según denuncian los sindicatos, estaba inexplicablemente alojado en un módulo de “respeto”.
Una situación insostenible
Los representantes sindicales denuncian que esta agresión no es un hecho aislado. En los últimos años se han multiplicado los ataques a trabajadoras y trabajadores penitenciarios, tanto físicos como sexuales. Las cifras son alarmantes: más de 1.000 agresiones en dos años, lo que equivale a una cada 16 horas en todo el país.
Exigen medidas inmediatas
Desde ACAIP-UGT y CSIF se reclama a la administración una respuesta firme y eficaz. Entre las medidas urgentes que exigen se incluyen:
Revisión y mejora de la clasificación interior de los internos.
Depuración de responsabilidades en casos como el de Sevilla.
Dotación de sistemas de emergencia y alerta eficaces.
Reconocimiento legal del personal penitenciario como agente de la autoridad.
Los sindicatos critican que existe una política penitenciaria “buenista” que prima el maquillaje estadístico por encima de la seguridad real de los profesionales que trabajan cada día en un entorno de riesgo creciente.
“Tolerar esto es normalizar la violencia”
Los trabajadores de Topas han expresado su solidaridad con la compañera agredida y han reiterado la urgencia de defender la seguridad, la dignidad y las condiciones laborales de todo el personal penitenciario. “Tolerar estas agresiones es normalizar la violencia institucional y vulnerar nuestro derecho a un trabajo seguro”, han afirmado los convocantes.
