La bonanza económica reduce las quiebras empresariales y los trabajadores que tienen que recurrir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para cobrar sus salarios o indemnizaciones ante la insolvencia o la declaración de concurso de acreedores de sus compañías. Castilla y León cerró 2024, según las previsiones de la Junta, con un crecimiento por encima del tres por ciento, un año en el que tuvieron que acudir al Fogasa 1.946 asalariados de la Comunidad, lo que supone una caída del 28,7 por ciento respecto a los 2.728 contabilizados en 2019, cuando la economía estaba empezando a estancarse y apenas avanzó ocho décimas. Después llegarían los años de la COVID, de la recuperación y del dinamismo y la generación de empleo pese a la inflación, la subida de tipos y las guerras internacionales.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social constata que el Fogasa gestionó durante 2024, un total de 1.923 expedientes, que representan una bajada del 28,8 por ciento en relación a los 2.699 del año previo a la pandemia. Asimismo, se vieron afectados los empleados de 865 empresas de la Comunidad, con una merma del 18 por ciento en el lustro de estudio, consultado por Ical.
En cuanto a los abonos a los que tuvo que hacer frente el Fogasa, ascendieron en total a 14,18 millones de euros el pasado ejercicio, una cifra que supone una reducción del 26,9 por ciento, en relación a los 19,4 millones a los que tuvo que hacer frente en 2019.
Bajando al detalle, el Fogasa tuvo que aportar a trabajadores de Castilla y León, el año pasado, 8,99 millones de euros en indemnizaciones pendientes, con una caída del 30,4 por ciento, en relación a los casi 13 millones de euros del año 2029. Asimismo, el organismo público tuvo que pagar 5,19 millones de euros en salarios por insolvencias de las empresas, con un descenso del 20,1 por ciento, respecto a los abonos cinco años atrás.
Cabe destacar asimismo que los tiempos medios de tramitación y resolución en la Comunidad, se situaron en los 24,7 días, con lo que se evitó el silencio administrativo, ya que tiene tres meses para contestar las solicitudes.
Evolución por provincias
Por provincias, sólo Burgos experimentó un aumento en el número de asalariados que tuvo que recurrir al Fogasa, un 16 por ciento, hasta los 232. Por el contrario, el número de trabajadores atendidos por el organismo público se desplomó el año pasado, respecto a 2019, un 78,9 por ciento en Segovia, donde el Fogasa sólo tuvo que atender a 27; un 77,2 por ciento en Ávila, con apenas 33 asalariados; y un 67,8 por ciento en Soria, provincia en la que atendió 19 peticiones.
Asimismo, en la provincia de Salamanca, tuvieron que recurrir al Fogasa, un total de 237 trabajadores, con una merma del 54,9 por ciento respecto al dato de 2019; mientras que en Palencia, el organismos público atendió a 88, un 31,3 por ciento menos respecto a cinco años antes. En cuanto a la provincia de León, el Fogasa abonó salarios o indemnizaciones a 524 trabajadores, con un descenso del 24,5 por ciento en comparación a 2019.
Por último, descensos más moderados se registraron en las provincias de Valladolid y Zamora, donde el Fogasa prestó sus servicios a 662 y 124 trabajadores, respectivamente, con descensos respecto a 2019 del 7,9 y 4,6 por ciento, en cada caso.
En cuanto a las cantidades abonadas a estos trabajadores, se elevaron un 51 por ciento en Burgos, con 1,82 millones de euros, y un tres por ciento en Palencia, con 852.769 euros. Por el contrario, se desplomaron un 79 por ciento en la provincia de Ávila, hasta los 207.479 euros; un 77 por ciento en la de Segovia, con 168.746 euros; y un 71,1 por ciento en la de Soria, con 196.626.
Además, cayó la cuantía en salarios e indemnizaciones un 56,6 por ciento en la provincia charra, hasta 1,93 millones de euros; un 32,7 por ciento en la zamorana, con 814.648 euros; y un 16,6 por ciento en la vallisoletana, hasta 3,79 millones. Por último, en la provincia de León, el Fogasa abonó el año pasado salarios e indemnizaciones por 4,4 millones, con un descenso del 7,6 por ciento en comparación al dato de 2019.
Por último, cabe destacar en cuanto a los tiempos medios de tramitación y resolución de Fogasa, que el peor registro se dio en Zamora el año pasado, con 33,15 días, y el mejor en Palencia, con 18,09. Asimismo, el organismo público tardó de media en sus resoluciones, 31,26 días en Segovia; 29,32 en Salamanca; 26,27 en Valladolid; 24,47 en Burgos; 22,61 en Ávila; 22,43 en Soria; y 22,61 en Ávila.
