Unas cifras alarmantes han puesto el foco de atención sobre un tipo de violencia de género que, a menudo, pasa desapercibida, silenciando el dolor de unas madres que sufren una crueldad irreversible. Hablamos de la violencia vicaria, que solo hasta abril de este año se ha cobrado la vida de 7 menores en España, situando al 2024 como uno de los años con la cifra más elevada.
Este tipo de brutalidad emplea a los hijos en común para herir a la pareja o expareja, que en su mayoría suelen ser las mujeres de la relación, con la finalidad de socavar su moral y seguir controlando y sometiendo a las madres a voluntad de su agresor.
Tal y como ha detallado Manuela Torres, abogada de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia de Género en Salamanca (ADAVAS), los casos más frecuentes son las amenazas con quitarle a los hijos o llevarlos a otro país, desatender sus necesidades básicas de alimentación, aseo o tratamientos médicos, así como hablar mal de la madre y su familia, motivado todo ello por el pensamiento de “hacer daño donde más te duele”.
El grado más grave que alcanza este tipo de maltrato es el asesinato de los niños y niñas, que se ha dado en 54 ocasiones en España desde que se comenzó a contabilizar en 2013.
“La interpretación por parte de jueces no se hace de la manera más adecuada para proteger a los menores”
Entre las principales preocupaciones con las que se encuentra la Asociación salmantina destaca la pasividad de la Administración de la Justicia, que “no se está haciendo cargo ni le está dando la importancia que le debería dar a este tipo de violencia”.
Existen leyes suficientes para abordar esta lacra como la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de hace 20 años; el Código Civil, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia o la Ley Orgánica de Protección Integral de los menores frente a la violencia, sin embargo, “la interpretación por parte de jueces no se hace de la manera más adecuada para proteger a los menores”.
Torres señala que esta normativa “es clara”, asegurando que “España cuenta con una de las legislaciones más avanzadas de Europa y casi del mundo en esta materia” por lo que no se necesita regular sino “aplicar e interpretar las leyes adecuadamente” porque “si no se defiende a las mujeres difícilmente se va a proteger a sus hijos”.
“En la práctica apenas nos encontramos que haya suspensión del régimen de visitas o de la patria potestad” cuando hay un procedimiento abierto por violencia de género, aunque la ley lo establece así, pero “la realidad es muy diferente”. Igualmente, “sigue habiendo bastante permisividad en cuanto a los padres maltratadores sin tener en cuenta que un maltratador nunca puede ser un buen padre”, obviando a los menores como víctimas directas, a pesar de que estas leyes los consideran como tal.
Sensibilización como herramienta de cambio
Esta malinterpretación por parte de la Justicia es uno de los motivos por los que la violencia vicaria continúa al alza y entre los cambios que deben darse Torres apunta a una mayor “sensibilización”, así como agentes profesionales formados “con perspectiva de género y especializados en la materia” para que “entiendan de lo que estamos hablando” ya que se trata de otro tipo más de violencia de género.
“En ADAVAS hemos constatado que en los últimos años están descendiendo las órdenes de protección”, lo cual argumentan con que “la violencia es sobre la mujer, este señor no ha hecho nada a los hijos” invisibilizando a los menores y tratándolos como víctimas indirectas, quienes finalmente pagan las consecuencias del maltrato.
“Solo en casos graves como cuando la mujer acaba hospitalizada o el varón va a prisión suele darse la suspensión del régimen de visitas o cuando es muy reiterado”, por ejemplo, un hombre que haya sido condenado más de una vez o que incumple las medidas de alejamiento y no comunicación. “Es triste, pero no estamos corroborando que haya esta suspensión del régimen de visitas con el procedimiento abierto como sistema para defender a la víctima y a sus menores, como recogen las leyes”, lamenta la abogada.
¿El ‘efecto llamada’ es el responsable de este repunte de asesinatos?
Entre los factores que se barajan como responsables de este repunte de casos que se está viviendo en 2024, Torres apunta a un ‘efecto llamada’, aunque “no se tiene constancia de lo que ha cambiado de unos años hasta ahora”, manifestando que “no podemos permitir estas cifras”.
No obstante, el cambio debe “pasar por toda la sociedad en su conjunto” para “prevenir y sensibilizar” desde “la educación” en todos sus niveles, partiendo de Infantil hasta la Universidad, pero también “en el ámbito familiar y social”, enseñando en “igualdad, cuidados y respeto”, deconstruyendo los mitos del amor romántico, las “expectativas que nos creamos como mujeres de lo que debe ser una relación de pareja” o el papel de “cuidadoras”.
De igual modo, los medios de comunicación “pueden hacer una gran labor” para “concienciar y proteger” de manera “inmediata” a las mujeres y los menores.
Torres reitera que es un papel que le corresponde también a los “hombres no violentos”, quienes pueden “corregir” a los que sí lo son. Una responsabilidad de todos para terminar con una lacra que en su máxima expresión está llevándose la vida de numerosos menores y que comienza manifestándose en forma de bromas y actitudes “muy frecuentes” que “no se deben permitir ni tolerar”.
