A finales de agosto, quedaba en ERTE uno de cada cuatro trabajadores afectados por un expediente temporal en abril, durante las peores semanas de la pandemia, según informa el diario El Confidencial. Eso significa que, aunque el grueso de los asalariados ya se ha reincorporado, queda un grupo que no ha conseguido volver a la actividad ni siquiera durante la campaña de verano. Con el inicio del otoño, comienzan los peores meses para el mercado laboral, que durarán hasta Semana Santa, y muchas empresas serán incapaces de sobrevivir hasta entonces. Si a esta estructura se suma la coyuntura de los rebrotes del coronavirus, las posibilidades de volver a sus empleos se reducen drásticamente cada semana que pasa.
La figura del ERTE de fuerza mayor, que fue muy útil durante los primeros meses de la pandemia, empieza a generar efectos negativos indeseados, que se agravarán si se mantienen en el tiempo, alertan los expertos. Las empresas que todavía no han podido recuperar a sus trabajadores difícilmente podrán hacerlo a partir del otoño. A partir de octubre, los ERTE se pueden convertir en una subvención para mantener un ‘empleo zombi’, lo que supondría un derroche de recursos públicos en un momento muy delicado para las cuentas de las administraciones.
Los expertos consideran que es imprescindible realizar un buen diseño de esta política para no subsidiar empleos que ya están heridos de muerte. El reto es doble: por un lado, el Gobierno tiene que garantizar que se mantienen las ayudas para las empresas que sí son viables pero que siguen sufriendo restricciones, como es el caso del sector turístico y los servicios auxiliares. Y, por otro, tiene que eliminar las ayudas donde ya no son eficientes para permitir que el mercado se ajuste a la nueva normalidad. Una situación que requerirá despidos, recolocaciones y formación para fomentar una transición que permita maximizar el empleo.
“Los ERTE han sido muy útiles para amortiguar el primer impacto de la crisis”, explica Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, pero ahora “existe el riesgo de que trabajadores y empresas estén excesivamente protegidos en algunos casos y no tengan suficientes incentivos para activarse o cambiar de actividad”. Crear una burbuja de empresas y empleos protegidos con ayudas públicas sin ser viables en la nueva normalidad económica terminará por generar un gasto de recursos públicos ingente e ineficiente. De ahí el riesgo al que se enfrenta España si ahora no diseña bien esta política.
“El enfoque exclusivo en la protección y el mantenimiento del empleo no es el adecuado”, alerta Marcel Jansen, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador de Fedea. En su opinión, el Gobierno debería “establecer bien los incentivos y clarificar las reglas para que las empresas puedan adaptarse a la nueva normalidad económica”. El objetivo sería proteger los empleos viables y fomentar un reajuste en aquellos que no volverán para que no sobrevivan solo en base a las ayudas públicas. "Las empresas ya saben qué empleos no pueden recuperar, lo que no tienen tan claro es cuál será el marco normativo para poder adaptarse", señala Jansen.
A finales de agosto, quedaban 812.000 trabajadores en ERTE, de los cuales más de 660.000 eran ERTE de fuerza mayor y otros 150.000 eran de causas ETOP (económicas, técnicas, organizativas o de producción). La mayor parte de los afectados están relacionados con el turismo, sector que no se recuperará, al menos, hasta el próximo verano, si es que para entonces ya hay una vacuna. Pero hay más sectores afectados que tardarán más tiempo en volver a la situación previa a la pandemia, si es que lo hacen en algún momento. A finales de agosto, quedaban más de 70.000 trabajadores en ERTE de actividades administrativas y servicios auxiliares.
En las actividades profesionales, científicas y técnicas, quedan casi 39.000 personas en ERTE, y en los sectores de información y comunicaciones, hay más de 23.000 trabajadores afectados, esto es, la mitad de todos los que había en los peores momentos de la pandemia. De hecho, la mayoría de sectores que todavía no han recuperado al grueso de trabajadores afectados por ERTE no son los del turismo, sino otras actividades que no tienen limitaciones a la actividad, pero cuya demanda no volverá, como es el caso de la información y comunicación o el sector financiero. Este tipo de sectores siguen con expedientes porque así pueden mantener su negocio sin realizar ajustes, aunque a medida que pasan los meses, su situación financiera se agrava cada vez más.
Todos estos trabajadores que no volverán a sus empleos en el corto plazo difícilmente podrán hacerlo en el largo. Sus posibilidades de retorno se reducen drásticamente cada semana y para el Gobierno es el momento de decidir qué hacer con ellos. “Si se renuevan los ERTE incondicionalmente, pueden desincentivar la reincorporación de los trabajadores y los necesarios ajustes en el mercado laboral y, en última instancia, podrían mantener con vida empresas que no son viables”, explica Jansen, “no se trata de buscar una salida apresurada, sino que se debería diseñar un plan viable y claro para que las empresas puedan anticiparse y adaptarse”. La OCDE también pidió en julio a España que limite la extensión de los ERTE para evitar los efectos negativos sobre la adaptación del mercado laboral a la nueva situación económica.
Una negociación complicada
En los casos en que todavía existen restricciones a la movilidad o a la actividad, hay consenso de todas las partes en que hay que mantener las ayudas. Situación diferente es en los sectores o empresas que no tienen restricciones y que simplemente tienen problemas de demanda, como en una crisis ordinaria. En esos casos, los estudios económicos han demostrado que la solución más eficiente es fomentar el reajuste del mercado. El sector público puede tener un papel activo en este proceso, apostando por la formación de los trabajadores y mejorando el servicio de empleo para que actúe como una agencia de colocación.
Fuentes del Gobierno reconocen que todos los trabajadores en ERTE no volverán nunca a su puesto de trabajo y que ha llegado el momento de buscar una solución permanente para ellos que no sea el mero mantenimiento de ayudas públicas. Sin embargo, empresas y sindicatos quieren mantener su ‘statu quo’ actual ampliando las ayudas públicas de los ERTE, lo que limita el margen de acción del Ejecutivo.
Para CCOO y UGT, es prioritario que se garantice que todos los trabajadores seguirán percibiendo las ayudas actuales (70% de la base reguladora) y piden que se mantenga la exoneración de cotizaciones, aunque en este caso para los trabajadores que no puedan reincorporarse. En el caso de las empresas que se tengan que salir de los ERTE de fuerza mayor, piden que se incorporen a los ETOP que ya fueron potenciados por el Gobierno en julio. La CEOE coincide con los sindicatos y también ha pedido mantener la protección a los empleados en el 70% y garantizar las exoneraciones en las cotizaciones empresariales para los trabajadores que no puedan recuperar.
Sindicatos y patronal también rechazan diferenciar los ERTE en función de los sectores, ya que todas las actividades están interrelacionadas y es muy difícil establecer categorías generales con los códigos de la CNAE (listado oficial que recoge los diferentes sectores de actividad). Los interlocutores sociales no están dispuestos a aceptar una reducción de las ayudas, lo que deja en una situación complicada al Gobierno, a quien le cae la papeleta de retirar las ayudas en busca de una mayor eficiencia económica.
Para los trabajadores cuyo empleo ya no es viable, también es positivo que el Gobierno y los agentes sociales empiecen a plantear una salida a los ERTE. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, lanzó una propuesta que gusta a los expertos: formar a los afectados que están cobrando una prestación sin trabajar para que puedan recolocarse en otras empresas o sectores. En el largo plazo, la solución que no ayudará a ninguna de las partes será mantener las ayudas indiscriminadas a todas las partes.
