El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha enviado una carta a las asociaciones de jueces y fiscales defendiendo la "imprescindible" necesidad de cambiar el acceso a ambas carreras. Esta misiva llega tras las recientes críticas de varias asociaciones judiciales y fiscales a las reformas impulsadas por el Gobierno.
Clarificando la reforma: Un proyecto de ley en marcha
En la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, Bolaños informa que la ley que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal ha sido publicada este jueves en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El ministro se ha dirigido "de primera mano" a las cuatro asociaciones de jueces (APM, AJFV, JJpD, FJI) y las tres de fiscales (AF, UPF, APIF) para trasladarles "las principales novedades que incluye" el proyecto de ley, con el fin de desmentir "algunas informaciones inexactas".
Bolaños invitó a las asociaciones a estudiar el proyecto de ley y a "proponer las mejoras que consideréis oportuno introducir en esta nueva fase de tramitación parlamentaria", animándolas a "participar y colaborar en este proceso activamente".
Un choque de visiones: La independencia judicial en el centro del debate
Cabe recordar que el pasado 14 de mayo, todas las asociaciones de jueces y fiscales, excepto las progresistas, calificaron la reforma propuesta como un "serio retroceso" para el Estado de Derecho. Argumentaron que propicia un "acceso arbitrario", restringe la participación democrática en órganos de gobierno y somete instancias clave a criterios partidistas, lo que, según ellos, amenaza la independencia judicial.
Sin embargo, Bolaños ha reiterado que las reformas del Ejecutivo son "imprescindibles para abordar los retos de la Justicia del siglo XXI" y para actualizar "estructuras que no se han modificado en lo sustancial desde la segunda mitad del siglo XX y, en ocasiones, desde el siglo XIX". El ministro también mencionó la ya vigente ley orgánica de eficiencia del servicio público de justicia, la ley orgánica de defensa, y la futura Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LEOCrim), cuya tramitación comenzará "este mismo año".
La "primera gran reforma en 40 años" para un acceso más objetivo
Sobre el proyecto de ley que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal, Bolaños lo presenta como "la primera gran reforma" en esta materia "en 40 años". Su objetivo es "mejorar y modernizar los procesos de acceso, dotarlos de mayor objetividad y transparencia, fortalecer los criterios de mérito y capacidad y, sobre la base de estos criterios, ampliar y fortalecer las carreras y mejorar la calidad del servicio público que ofrece".
En su misiva, Bolaños defiende la introducción de un examen práctico en la oposición libre, que se suma al temario y a las dos primeras pruebas (test y oral). Este examen práctico, en forma de dictamen, permitirá "evaluar la capacidad de razonamiento jurídico y la expresión escrita, en la línea de lo que ya sucede en el resto de oposiciones del mismo nivel (notarías, registros o Abogacía del Estado)". Las asociaciones, por el contrario, habían criticado que esto suponía la "eliminación" del examen oral.
El "cuarto turno" y la regularización de sustitutos: Puntos de fricción
Respecto al concurso-oposición del denominado 'cuarto turno', el ministro explicó que el proyecto de ley invierte el orden de las pruebas, priorizando el examen escrito. Las asociaciones habían calificado esta regulación como un "concurso-oposición sin límite máximo de plazas" que "perjudica grave y caprichosamente" a los opositores. Bolaños defiende que el objetivo es "garantizar la igualdad en el derecho a la promoción profesional a personas con, al menos, 10 años de ejercicio en el sector jurídico", e incluye la creación de este 'cuarto turno' para fiscales, que hasta ahora solo existía para jueces.
El ministro también aborda la prohibición de la financiación privada de las asociaciones judiciales, algo que estas calificaron como un "ataque directo a su capacidad asociativa" si no se acompaña de un aumento proporcional de subvenciones públicas.
Finalmente, Bolaños defendió el "proceso extraordinario de regularización de jueces sustitutos", asegurando que cumple con los principios de mérito y capacidad y los requerimientos de la Comisión Europea. Este proceso, que según el ministro ofrece una "oportunidad de consolidación" sin reconocer antigüedad de servicios, ha sido tildado por las asociaciones como "contrario a nuestros principios constitucionales" y no lo que "pide Europa".
El ministro concluye su carta insistiendo en que su Ministerio está impulsando "la mayor transformación de la Justicia en décadas" para "consolidar un servicio público ágil, digital y cercano al ciudadano".
