La Policía Nacional ha desarticulado una red de estafadores que operaba en toda España y que supuestamente habrían obtenido unos 250.000 euros valiéndose de anuncios falsos de alquileres vacacionales. La Policía ha detenido a cinco personas en Alicante por delitos de integración en grupo criminal, estafa y usurpación de estado civil, informa Europa Press.
Captaban a sus víctimas mediante anuncios en webs de alquileres inmobiliarios que resultaban ser falsos y obtenían sus beneficios del cobro de cantidades en concepto de reserva, así como de dar de alta tarjetas bancarias prepago haciendo uso de la documentación que también solicitaban para suplantar las identidades de los perjudicados.
Las investigaciones se iniciaron gracias a la constatación de la existencia de diversas denuncias recibidas en comisarías de Policía Nacional de toda España que, pese a la dispersión geográfica, presentaban indicios de estar relacionadas con un mismo origen delictivo. Tras el análisis de los datos recopilados se determinó que el modus operandi consistía, en una primera fase, en la publicación de ofertas de arrendamiento de viviendas turísticas en páginas web especializadas a precios muy atractivos.
Acto seguido, y una vez captada la atención de los usuarios de las páginas, procedían a la fase de contacto con la víctima, momento en el que además de solicitar una copia de su Documento Nacional de Identidad, al objeto de cumplimentar un supuesto contrato de arrendamiento, se establecía un acuerdo sobre el método de pago anticipado de la reserva del inmueble, cantidad que finalmente era estafada.
Detenidas cinco personas por estafar unos 250.000 euros a través de anuncios falsos de alquileres vacacionales
Asimismo, y una vez entregada una copia de los documentos de identidad, los delincuentes los empleaban para contratar productos financieros usurpando la identidad de las víctimas, y así disponer de un medio donde recibir el dinero procedente de nuevas estafas sin tener que hacer uso de sus verdaderos nombres. Además, los detenidos solicitaban que le fueran ingresados los fondos defraudados en tarjetas bancarias prepago a nombre de otros afectados. Estas tarjetas resultaban "idóneas" para los delincuentes en la medida en que reportan varias ventajas. Al poder solicitarlas online se evitaban la personación de los titulares para formalizar su contratación, dificultando la comprobación de la veracidad de su identidad.
La documentación del supuesto titular tenía que ser enviada en formato digital, circunstancia aprovechada por los estafadores para vincular las tarjetas prepago a las filiaciones de los afectados por los fraudes, quienes sufrían una doble victimización, derivada tanto del perjuicio patrimonial como del uso de la suplantación de su identidad.
